La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial, en un trabajo conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) ejecutaron este lunes la Operación Eunomia, mediante la cual se efectuaron cuatro allanamientos de morada y se interpuso acción de privación definitiva de dominio sobre 83 bienes muebles e inmuebles, sociedades mercantiles, cuentas bancarias y vehículos supuestamente de origen ilícito.
El Ministerio Público detalló que los titulares de derecho son o están vinculados al comisario en condición de retiro Constantino Josué Zavala Laínez y al comisionado en condición de retiro Adrián René Flores Marcelino, que entre si no justifican más de 84.5 millones de lempiras.
64 de esos bienes enunciados corresponden a Constantino Josué Zavala Laínez, su núcleo familiar y socios, por lo que se ejercen aseguramientos sobre cuatro viviendas, tres terrenos, nueve sociedades mercantiles, 16 vehículos y 32 productos financieros, localizados en Tegucigalpa, Comayagüela y Nueva Aldea, del Distrito Central, Francisco Morazán. Esto se deriva de una investigación del 2008 al 2018 en la que se encontró una incongruencia patrimonial de 74,479, 285.81 lempiras.
En el período de investigación que comprende 10 años, la Fiscalía y la Atic han detectado, una vez realizados los análisis financieros, “que el comisario en retiro Zavala Laínez no justifica la cantidad de 16,888,112.29) lempiras, además realizó movimientos financieros atípicos de 2011 al 2017, donde se observó un incremento patrimonial significativo, manteniendo durante todo ese tiempo un saldo a favor de más de 11 millones de lempiras, incluido en ese monto 4,412.72 dólares”.
Otra de las anomalías encontradas durante la fase de investigación, según los investigadores, es que registraron 37 movimientos financieros (remesas) enviadas por el comisario en retiro a Estados Unidos, Guatemala y Honduras por un monto de más de 170,000 lempiras y por más de 181,000 lempiras. También recibió envíos sin establecerse el motivo por el cual se efectuaron dichas transacciones, de igual forma, según se informó, se desconoce el origen de más de 4.5 millones de lempiras en depósitos en efectivo que Zavala Laínez hizo a las empresas Grupo de Seguridad y Servicios Electrónicos S. de R.L, Eagle Visión S.A de C.V y AlphaDesing Studio S. de R.L.
También, fiscales, agentes y peritos al realizar el análisis de los familiares y socios, entre ellos Cruz Ondina y Cinthia del Socorro Zavala Laínez, Héctor Alejandro Mejía Aplicano y Mario Alberto Sánchez Torres y a las empresas antes mencionadas, “reflejan un patrimonio no justificado por la cantidad de 57,107,667.16 lempiras”.
Por otro lado, se solicitó el aseguramiento sobre 19 bienes muebles e inmuebles en San Pedro Sula y La Lima, en Cortés, así como en Tegucigalpa, como parte de Francisco Morazán. Al comisionado en retiro Adrián René Flores Marcelino le aseguraron tres viviendas, ocho vehículos (turismos, cabezales y remolques) y ocho cuentas bancarias, de estos productos financieros durante el período de investigación que comprende del 2008 al 2017, en el que se detectaron depósitos significativos.
El comisionado en retiro durante el período investigado “registró un comportamiento financiero atípico y recibió depósitos por la suma de 10,574,994.45 lempiras sin existir un sustento legal y documental que justifique un incremento patrimonial de alrededor de 10,119,291.22 lempiras”.
Flores Marcelino, en períodos alternos de 2008 al 2017 recibió 264 depósitos bancarios en moneda nacional por un monto de 2,203,550.09 lempiras y en una cuenta en dólares recibió varios depósitos por un monto total de 6,722.00 (147,682.06 lempiras aproximadamente), “sin que se conozca el origen de las transacciones”.
El Ministerio Público detalló mediante un comunicado que “la modalidad observada dentro del comportamiento financiero del investigado en todas las cuentas bancarias analizadas, es el fraccionamiento de depósitos por montos significativos y por diferentes personas, sin relación aparente de comercio o de otra índole, lo que es indicativo de una tipología de lavado de activos”.
En ambos casos, el Juzgado de Letras de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito ordenó la inscripción de la medida cautelar preventiva de aseguramiento en el Instituto de la Propiedad (IP), cámaras de comercio y en el sistema financiero nacional, con el propósito que los titulares de derecho no puedan realizar ningún tipo de actos, contratos o movimientos de los bienes y productos bancarios en cuestión, lo que por el momento no constituye una incautación, pero si el inicio de un proceso del que se espera en un juicio de privación lograr una sentencia de comiso sobre el total de los 83 bienes asegurados.
Se establece además que “el finiquito que los dos policías investigados obtuvieron en su momento del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), no era causa determinante para que el Ministerio Público no pudiera profundizar en el análisis de un patrimonio que por una década mostraba signos e indicios de conductas atípicas e irregulares, promoviendo un caso bajo los principios de la investigación criminal y la independencia que reviste la gestión fiscal, en un ámbito penal y en el marco de su mandato constitucional y legal”.
