La asunción de Arturo Corrales como nuevo ministro de Seguridad no alterará los espeluznantes niveles de criminalidad que imperan en Honduras, en virtud de que no existe una política definida en la materia y el tiempo es muy corto para revertir lo que no se hizo en tres años y medio de gestión gubernamental, en opinión de analistas y expertos en el tema.
Corrales Álvarez deja desde hoy la diplomacia y asume la conducción de la maltrecha y errática nave de la seguridad en un momento en el que el país afronta la peor ola criminal de su historia y en los estertores de un Gobierno que difícilmente podrá cumplir con sus
dos principales promesas de campaña: trabajo y seguridad.
El hasta ayer canciller hondureño sustituye en el cargo al capitán retirado Pompeyo Bonilla, quien en 20 meses al frente de la Secretaría de Seguridad fracasó en su misión de reducir los elevados números de homicidios y la limpieza del estamento policial, al separar únicamente a siete policías de 230 que reprobaron las pruebas de confianza.
Bonilla fue designado ministro de Seguridad el 10 de septiembre de 2011 en sustitución de Óscar Álvarez.
El Tigre
La tarea de Corrales no será nada fácil, ya que en los nueve meses que le quedan a la administración de Porfirio Lobo deberá reducir los 85.5 homicidios por cada cien mil habitantes que ocurren en el país.
Además deberá hacer frente a la división y la confrontación que impera dentro de la Policía entre los actuales mandos y las últimas dos cúpulas policiales y avanzar en la depuración policial, proceso que se encuentra en punto muerto.
En las últimas horas trascendió que una de sus primeras decisiones será la separación del actual director de la Policía, Juan Carlos Bonilla, con el fin de destrabar la ayuda financiera que el Congreso de Estados Unidos tiene retenida, debido a las supuestas violaciones a los derechos humanos que pesan sobre el jefe policial.
En marzo pasado, el subsecretario de Estado para la Oficina de Narcóticos Internacionales, William Brownfield, reveló que Estados Unidos mantenía retenida una ayuda de 11 millones de dólares a Honduras por esa situación.
Además de eso, Corrales también tendrá que decidir sobre el clamor generalizado de trasladar la ineficiente Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) a la égida del Ministerio Público.
Las cifras que hereda
Las cifras de muertes violentas que hereda y que deberá enfrentar Corrales en su brevísima gestión son escalofriantes y no tienen parangón.
Un reciente informe del estatal Comisionado de Derechos Humanos divulgado el 6 de abril pasado reveló que de las 53,662 muertes violentas sucedidas en Honduras en los últimos trece años, 20 mil se le atribuyen a la administración de Porfirio Lobo Sosa.
El documento establece que en
35 meses de gestión de Lobo del 27 enero 2010 y diciembre de 2012 se reportó la muerte violenta de 20,010 personas, es decir, un promedio de 572
mensuales, alrededor de 19 víctimas diarias o una cada 76 minutos.
Se le acabó el tiempo a Lobo
El experto en materia de seguridad Billy Joya analizó que el problema de la inseguridad en Honduras es histórico y se viene arrastrando en los últimos treinta años; de modo que la incidencia delictiva pasó de 10 homicidios a 85.5 por cada cien mil habitantes.
En consecuencia, señaló que al gobierno del presidente Porfirio Lobo “se le acabó el tiempo” y las medidas que se pueden tomar son cosméticas y no de fondo porque en ocho meses no van a cambiar la historia de 30 años.
Dijo que revertir la historia de inseguridad puede llevar de cuatro a cinco Gobiernos, siempre y cuando cada administración tome el camino correcto en la materia y haya continuidad en las políticas, independientemente del partido que llegue al poder.
Dijo que con el nombramiento de Arturo Corrales se pretende generar una imagen de carácter electorero para manipular y maquillar las estadísticas a efecto de crear una imagen regular del
Gobierno y el candidato oficial, “porque hacerlo ver bien en materia de seguridad es literalmente imposible”.
Joya indicó que una encuesta de una compañía internacional a la que tuvo acceso revela que el 95% de las familias hondureñas consideran que su principal problema es la inseguridad, algo histórico y jamás visto en los países de Latinoamérica.
Dijo que el principal error de la administración de Lobo Sosa fue no enfocarse en el tema de seguridad y crear una tasa de seguridad que no ha contribuido a reducir las tasas de inseguridad imperantes.
“Como no hay expertos en el tema, manejando y administrando la tasa se pueden gastar los 7,500 millones de la tasa que van recaudar en los próximos años y los índices no van a bajar porque el tema de seguridad ciudadana es un tema de expertos y especializado”, dijo.
A Corrales lo impuso EUA
El analista Raúl Pineda Alvarado es de la opinión que es increíble que a esta altura del Gobierno y después de tanto ruido que se hizo con la tasa de seguridad no se ha logrado un resultado efectivo en materia de Seguridad en cosas tan elementales como la adquisición de uniformes y la logística para que los policías puedan operar.
“Si el Presidente habla de una maldita burocracia y él es el jefe de la burocracia, la conclusión es que todo está perdido en este Gobierno en esa materia, porque si el responsable de que las cosas se hagan correcta y adecuadamente se queja de la burocracia, qué podemos esperar los ciudadanos comunes y corrientes”, deploró.
Afirmó que el nombramiento de Arturo Corrales procede de un condicionamiento de las autoridades de Estados Unidos, quienes en función de su propia estrategia han influido para que un hombre de su entera confianza asuma la cartera de seguridad de Honduras.
Consideró que el nombramiento de Corrales en una especie de superministro para Seguridad y Defensa no existe en la ley de la administración pública, lo que demuestra que se trata de un intento desesperado de hacer funcionar lo que no se ha podido hacer
andar en más de tres años de gobierno.
“Creo que ya la ciudadanía poco puede esperar de este Gobierno en materia de seguridad, pues lo que se ha hecho es un enorme ruido, una gran cantidad de anuncios grandilocuentes; pero los resultados prácticos han sido sumamente modestos”, acotó.
Consideró que en estos nueve meses del Gobierno es muy difícil que se den los cambios que demanda y necesita la sociedad hondureña.
