Tegucigalpa, Honduras.
El fallo por unanimidad que resolvió el Pleno de la Corte Suprema de Justicia la noche del lunes de declarar inconstitucional la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial dejó también ya establecidos los poderes con los que cuenta el actual presidente de ese poder, Rolando Argueta.
El decreto 5-2011, en vigor, contiene un artículo transitorio por el que el Congreso Nacional no debe otorgar permiso especial a Argueta para que controle la administración del Poder Judicial, ya que este le da las funciones requeridas.
“Mientras se instala el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial se faculta al presidente de la honorable Corte Suprema de Justicia para que conserve la facultad de seleccionar, nombrar y destituir jueces, magistrados y personal administrativo de acuerdo con lo establecido en la ley, asimismo, la facultad de organizar y dirigir administrativamente al Poder Judicial”, dice el artículo 3.
Varios congresistas y otros sectores han manifestado su insatisfacción con el fallo del pleno de la Corte, especialmente al conocer que este grupo trabajará en una nueva ley que regulará el polémico Consejo de la Judicatura.
Incertidumbre
El presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, Mario Díaz, manifestó su preocupación por las destituciones que efectuó el Consejo de la Judicatura, así como la legalidad de los nombramientos mientras funcionó.
“Estamos preocupados porque no sabemos qué es lo que pasará con aquellos despidos que se hicieron de manera ilegal.
Con la derogación de esa ley, esas personas despedidas deben ser reintegradas en sus puestos. Confiamos en que el Consejo de la Judicatura debe seguir como un instrumento fuerte y deben mantenerse las actuaciones jurisdiccionales lejos de las administrativas. Eso es lo correcto”, expresó Díaz.
Para la diputada Doris Gutiérrez, del Partido de Innovación y Unidad (Pinu), la Ley del Consejo de la Judicatura comenzó y terminó mal. “Querían controlar el nombramiento de jueces, le quitaron los poderes a la Corte Suprema. Un superhombre va a decidir todo ahí, y lo lamentamos que el Congreso no pueda hacer nada”, afirmó Gutiérrez.
Sobre la nueva ley para el Consejo que la Corte Suprema ya estaría trabajando, el experto en temas constitucionales Fernando Anduray explicó que pueden mandar una iniciativa de ley al Congreso en los temas de su competencia.
“No podemos evitar que la Corte tenga un órgano administrador, el fallo le evita al Congreso poder elegir un nuevo consejo, por lo que ahora esa ley ya no existe porque fue declarada inconstitucional”, dijo Anduray.
El fallo por unanimidad que resolvió el Pleno de la Corte Suprema de Justicia la noche del lunes de declarar inconstitucional la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial dejó también ya establecidos los poderes con los que cuenta el actual presidente de ese poder, Rolando Argueta.
El decreto 5-2011, en vigor, contiene un artículo transitorio por el que el Congreso Nacional no debe otorgar permiso especial a Argueta para que controle la administración del Poder Judicial, ya que este le da las funciones requeridas.
“Mientras se instala el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial se faculta al presidente de la honorable Corte Suprema de Justicia para que conserve la facultad de seleccionar, nombrar y destituir jueces, magistrados y personal administrativo de acuerdo con lo establecido en la ley, asimismo, la facultad de organizar y dirigir administrativamente al Poder Judicial”, dice el artículo 3.
Varios congresistas y otros sectores han manifestado su insatisfacción con el fallo del pleno de la Corte, especialmente al conocer que este grupo trabajará en una nueva ley que regulará el polémico Consejo de la Judicatura.
Incertidumbre
El presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, Mario Díaz, manifestó su preocupación por las destituciones que efectuó el Consejo de la Judicatura, así como la legalidad de los nombramientos mientras funcionó.
“Estamos preocupados porque no sabemos qué es lo que pasará con aquellos despidos que se hicieron de manera ilegal.
Con la derogación de esa ley, esas personas despedidas deben ser reintegradas en sus puestos. Confiamos en que el Consejo de la Judicatura debe seguir como un instrumento fuerte y deben mantenerse las actuaciones jurisdiccionales lejos de las administrativas. Eso es lo correcto”, expresó Díaz.
Para la diputada Doris Gutiérrez, del Partido de Innovación y Unidad (Pinu), la Ley del Consejo de la Judicatura comenzó y terminó mal. “Querían controlar el nombramiento de jueces, le quitaron los poderes a la Corte Suprema. Un superhombre va a decidir todo ahí, y lo lamentamos que el Congreso no pueda hacer nada”, afirmó Gutiérrez.
Sobre la nueva ley para el Consejo que la Corte Suprema ya estaría trabajando, el experto en temas constitucionales Fernando Anduray explicó que pueden mandar una iniciativa de ley al Congreso en los temas de su competencia.
“No podemos evitar que la Corte tenga un órgano administrador, el fallo le evita al Congreso poder elegir un nuevo consejo, por lo que ahora esa ley ya no existe porque fue declarada inconstitucional”, dijo Anduray.
