El comisario en condición de retiro de la Policía Nacional, Constantino Josué Zavala Laínez, cuestionó los aseguramientos realizados este lunes por parte de la Fiscalía y la Agencia Técnica de investigación Criminal (Atic) respecto a bienes, empresas y productos financieros que le pertenecen.
“Hicieron un peritaje que la familia nuestra manejó 75 millones entre las empresas, pero lo que tenemos es un hotel desde 1970 herencia de mi padre, la casa de mi mamá y una cuartería donde se le alquila a más de 60 personas, pero la empresa de seguridad que se menciona no nos pertenece y están asegurando otras propiedades que tampoco son nuestras”, increpó Zavala.
“Aquí es delito tener bienes porque fui policía, incluso tenemos familia en Estados Unidos, somos trabajadores y no tengo nada que esconder. El hecho de que mi papá me haya dejado herencia y haya sido policía no significa que soy delincuente, y aunque este es un proceso normal, es humillante”, lamentó.
Aseguró que cuentan con toda la documentación legal respectiva y la información financiera requirente, además de una constancia del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ente que lo investigó cerca del año 2016 y certificó que no califica para el delito de lavado de activos.
Un profesional del Derecho, en representación del excomisario policial, manifestó que todos los bienes fueron asegurados, además lamentó la presencia de las autoridades de esa manera, puesto que en uno de los lugares había miembros de la familia de edad avanzada.
“El señor Constantino tiene más de 10 años de estarse defendiendo, ya existe un dictamen del TSC y estos bienes le han pertenecido a la familia por más de 50 años”, comentó.
La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial, en un trabajo conjunto con la Atic ejecutaron este lunes la Operación Eunomia, mediante la cual se efectuaron cuatro allanamientos de morada y se interpuso acción de privación definitiva de dominio sobre 83 bienes muebles e inmuebles, sociedades mercantiles, cuentas bancarias y vehículos supuestamente de origen ilícito.
El Ministerio Público detalló que los titulares de derecho son o están vinculados al comisario en condición de retiro Constantino Josué Zavala Laínez y al comisionado en condición de retiro Adrián René Flores Marcelino, que entre si no justifican más de 84.5 millones de lempiras.
64 de esos bienes enunciados corresponden a Constantino Josué Zavala Laínez, su núcleo familiar y socios, por lo que se ejercen aseguramientos sobre cuatro viviendas, tres terrenos, nueve sociedades mercantiles, 16 vehículos y 32 productos financieros, localizados en Tegucigalpa, Comayagüela y Nueva Aldea, del Distrito Central, Francisco Morazán. Esto se deriva de una investigación del 2008 al 2018 en la que se encontró una incongruencia patrimonial de 74,479, 285.81 lempiras.
En el período de investigación que comprende 10 años, la Fiscalía y la Atic han detectado, una vez realizados los análisis financieros, “que el comisario en retiro Zavala Laínez no justifica la cantidad de 16,888,112.29) lempiras, además realizó movimientos financieros atípicos de 2011 al 2017, donde se observó un incremento patrimonial significativo, manteniendo durante todo ese tiempo un saldo a favor de más de 11 millones de lempiras, incluido en ese monto 4,412.72 dólares”.
Otra de las anomalías encontradas durante la fase de investigación, según los investigadores, es que registraron 37 movimientos financieros (remesas) enviadas por el comisario en retiro a Estados Unidos, Guatemala y Honduras por un monto de más de 170,000 lempiras y por más de 181,000 lempiras. También recibió envíos sin establecerse el motivo por el cual se efectuaron dichas transacciones, de igual forma, según se informó, se desconoce el origen de más de 4.5 millones de lempiras en depósitos en efectivo que Zavala Laínez hizo a las empresas Grupo de Seguridad y Servicios Electrónicos S. de R.L, Eagle Visión S.A de C.V y AlphaDesing Studio S. de R.L.
También, fiscales, agentes y peritos al realizar el análisis de los familiares y socios, entre ellos Cruz Ondina y Cinthia del Socorro Zavala Laínez, Héctor Alejandro Mejía Aplicano y Mario Alberto Sánchez Torres y a las empresas antes mencionadas, “reflejan un patrimonio no justificado por la cantidad de 57,107,667.16 lempiras”.
El Juzgado de Letras de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito ordenó la inscripción de la medida cautelar preventiva de aseguramiento en el Instituto de la Propiedad (IP), cámaras de comercio y en el sistema financiero nacional, con el propósito que los titulares de derecho no puedan realizar ningún tipo de actos, contratos o movimientos de los bienes y productos bancarios en cuestión, lo que por el momento no constituye una incautación, pero si el inicio de un proceso del que se espera en un juicio de privación lograr una sentencia de comiso sobre el total de los 83 bienes asegurados.
Se establece además que “el finiquito que el policía investigado obtuvo en su momento del Tribunal Superior de Cuentas no era causa determinante para que el Ministerio Público no pudiera profundizar en el análisis de un patrimonio que por una década mostraba signos e indicios de conductas atípicas e irregulares, promoviendo un caso bajo los principios de la investigación criminal y la independencia que reviste la gestión fiscal, en un ámbito penal y en el marco de su mandato constitucional y legal”.
