La permanencia en Honduras del sacerdote católico Andrés Tamayo, naturalizado hondureño, está en manos de la Secretaría de Gobernación y Justicia.
Esta entidad estatal sólo espera un dictamen del Ministerio Público para proceder en el caso de Tamayo, quien podría ser expulsado de Honduras por estar ligado a grupos que amenazan con boicotear el proceso electoral que se desarrollará el próximo 29 de noviembre.
De acuerdo a lo explicado por Óscar Raúl Matute, ministro de Gobernación, a Tamayo se le podría reconvenir o expulsar del país hasta que hayan concluido los procesos jurídicos.
La Secretaría de Gobernación actuará “siempre y cuando se agote el proceso pertinente, nunca violentando los dos principios fundamentales en que se sostiene una situación jurídica, que son el debido proceso y el principio de inocencia”, indicó.
Días atrás, el religioso perdió la nacionalidad hondureña que el Estado le había concedido.
“El padre Tamayo, como los demás padres de la Iglesia Católica a la cual pertenezco (…), tiene como deber supremo sembrar el amor, la esperanza, la caridad y la concordia, no sembrar discordia y violencia”, señaló Matute.
Los ciudadanos Julio Ramos y Franklin Geovany Sosa interpusieron dos recursos de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema a favor de Tamayo.
Las demandas fueron registradas con los números 1105 y 1106. Los recurrentes piden a la Sala Constitucional que los amparos sean admitidos con suspensión del acto reclamado.
