En un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), expresaron una ' profunda preocupación ante las amenazas y hostigamientos contra defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación, en el contexto post-electoral', e instaron al Estado de Honduras a adoptar medidas que garanticen un entorno seguro para que puedan realizar libremente su labor.
Esta semana, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) presentó denuncias ante la Fiscalía y Comisionado de Derechos Humanos en Honduras por las amenazas e intimidación que sitios digitales afines a la Alianza de Oposición mantienen en contra de directores, jefes de redacción y periodistas y reclamó respeto al ejercicio periodístico 'sin importar sus afiliaciones políticas –si es que las tienen– o la de los medios de comunicación donde trabajan'.
En el comunicado, la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU señalan que han recibido información que algunos periodistas habrían recibido amenazas y llamadas intimidatorias tras difundir información sobre el contexto político del país.
'Varios periodistas y medios de comunicación habrían sido víctimas de una campaña de intimidación a través de afiches en los que son acusados públicamente de ser 'asesinos de la democracia y la verdad' serviles al gobierno o 'incitadores de la violencia y el odio' pagados por la oposición'.
Comunicado íntegro de la CIDH y OACNUDH
'Los hechos descritos vulneran el derecho a la honra y dignidad de quienes ejercen periodismo o defienden derechos humanos sin ningún tipo de sustento. Asimismo amenazan su integridad física y psicológica y generan un ambiente intimidatorio y amedrentador en el que se ven seriamente limitados los derechos a la reunión, la libertad de expresión y asociación reconocidos por los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y que constituyen pilares básicos de la participación social en un estado democrático de derecho', cita el comunicado.
'La labor de defensa de derechos humanos y el ejercicio del periodismo son esenciales para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el logro pleno del Estado de Derecho. La CIDH y la OACNUDH instan al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para impedir estos hechos y prevenir estos ataques, incluyendo la adopción de un discurso público que reconozca la importancia de la labor de defensores y periodistas y el desarrollo de investigaciones prontas, efectivas e imparciales que permitan la identificación de los responsables y su sanción como medidas efectivas de no repetición'.
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La CIDH y la OACNUDH recuerdan igualmente la necesidad de dotar de los recursos adecuados al Mecanismo Nacional de Protección para defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia para que pueda reforzar el apoyo que presta a los defensores en forma proporcionada a los riesgos que en cada momento puedan existir para el desarrollo de actividades de defensoría.
“En este marco, la CIDH y la OACNUDH instan al Estado a implementar políticas y prácticas dirigidas a transparentar los criterios de inclusión, evaluación del riesgo y protección del Mecanismo Nacional de Protección, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos”, dice el comunicado.
También estas organizaciones aseguran tener documentadas un número creciente de denuncias de actos de intimidación y hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales, que habría afectado a más de 50 personas en los departamentos de Atlántida, Yoro, Cortes y Choluteca.
“Estos actos, que se habrían intensificado después del 20 diciembre, y que han sido materia de pronunciamiento de ambos órganos internacionales de derechos humanos, incluirían de acuerdo a testimonios recogidos, allanamientos sin orden judicial y seguimientos por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado y personas vestidas de civil, llamadas intimidatorias y campañas públicas de estigmatización a través de la divulgación de panfletos con falsos perfiles personales y atribuyendo la comisión de actos delictivos”.
En la gráfica, el presidente del CPH, Dagoberto Rodríguez que se reunió recientemente con el director de fiscales José Duarte y su equipo de investigación. Foto Archivo.