Alba Consuelo Flores, exministra de Salud, acudirá de manera voluntaria el próximo 4 de agosto al Tribunal Especializado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción para responder a las acusaciones que enfrenta por el caso de la compra de los hospitales móviles realizada durante la pandemia del covid-19.
La comparecencia fue fijada luego de que el tribunal admitiera una petición presentada por su equipo legal, el cual desde hace tres años había solicitado que la exfuncionaria pudiera presentarse voluntariamente ante las autoridades judiciales. Aunque la solicitud había permanecido pendiente, recientemente se estableció la fecha oficial para su presentación.
Flores, quien dirigió la Secretaría de Salud durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández entre 2018 y 2022, fue acusada por el Ministerio Público por los delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios y falsificación de documentos públicos.
Las imputaciones están vinculadas con la compra de siete hospitales móviles en 2020, una adquisición realizada en plena emergencia sanitaria por un monto de 47.5 millones de dólares. La negociación fue ejecutada a través de la entonces Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), entidad que contrató al empresario guatemalteco-estadounidense Axel Gamaliel López, representante de HospitalMoviles.com y ELMED Medical Systems INC.
De acuerdo con la investigación fiscal, el Estado desembolsó más de 47 millones de dólares, equivalentes a alrededor de 1,200 millones de lempiras, pese a que el valor estimado de las unidades hospitalarias era de aproximadamente 26.5 millones de dólares, lo que constituye uno de los mayores casos de presunto fraude en la administración pública.
La Fiscalía también sostiene que varios de los hospitales fueron entregados fuera del plazo previsto, con equipo médico vencido o de segunda mano y con deficiencias estructurales que impedían brindar una atención adecuada a pacientes afectados por el covid-19.
El expediente también involucra a la exsecretaria de Finanzas, Rocío Tábora, quien permanece sometida a proceso judicial desde su captura en 2023, así como a la exsubsecretaria Roxana Rodríguez y otros exfuncionarios relacionados con la operación.
Por estos hechos, el exdirector de Invest-H, Marco Bográn, y el exadministrador Alex Moraes ya fueron condenados por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, mientras que el empresario Axel López continúa siendo buscado por las autoridades mediante una orden de captura internacional con alerta roja.
