TEGUCIGALPA
La pretendida maniobra de querer elegir a cinco magistrados suplentes para la nueva Corte Suprema de Justicia, aparte de los 15 propietarios, está causando el rechazo de ciertos sectores de la sociedad y hasta de la misma clase política afín al Gobierno de turno.
La eventual interpretación que podría darse del artículo 316 de la Constitución de la República, para el doctor en derecho Joaquín Mejía, no sería más que “una aberración jurídica brutal”.
Según Mejía, con el eventual nombramiento “lo que están diciendo es que va a cometer un rompimiento del orden constitucional y que van a interpretar ese artículo en el que dice que solo pueden ser 15 magistrados, también implica que va a haber suplentes”.
La estrategia política ha sido duramente criticada por la designada presidencial Doris Gutiérrez, a pesar de la cercanía de la funcionaria con el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre).
“Nosotros esperamos que en el Congreso no vayan a hacer eso, ya que eso realmente es una jugada ilegal, inconstitucional y que además deja en entredicho la aplicación de la justicia en el país”, criticó Doris Gutiérrez.
Para saber
El no llegar a un consenso con el número de magistrados al que aspiran los partidos políticos podría dilatar más de lo pensado el proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Carlos Umaña, diputado del PSH, aseguró: “Yo lo veo difícil. Creo que el viernes próximo a lo que iremos es a votar y la moción que se pueda presentar no se va a tomar en cuenta”.
La creación de esas cinco nuevas plazas derivaría en la erogación de más presupuesto en detrimento del Estado, acotó Gutiérrez.
Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), es del criterio de que “una acción de esta naturaleza lo que haría es desprestigiar aún más, ya que estaríamos viendo que lo que quieren es distribuirse la justicia de manera partidaria”.
Para poder elegir a magistrados suplentes deberá hacerse una reforma constitucional en esta legislatura y ratificarse en la siguiente legislatura, o sea, en 2024; de no ser así cometerían una ilegalidad, según los profesionales del derecho.
