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Cancelan a tres exdirectores de la Policía hondureña

La Comisión Depuradora canceló a Ricardo Ramírez del Cid, Juan Carlos Bonilla y Ramón Sabillón.

Juan Carlos Bonilla Valladares, Ramón Antonio Sabillón Pineda y José Ricardo Ramírez del Cid.
Juan Carlos Bonilla Valladares, Ramón Antonio Sabillón Pineda y José Ricardo Ramírez del Cid.

Tegucigalpa, Honduras

La Comision Especial para la Transformación de la Policía Nacional canceló este martes a tres exdirectores generales de la institución policial.

Los generales son José Ricardo Ramírez del Cid, Juan Carlos Bonilla Valladares y cancelar por abandono a Ramón Antonio Sabillón Pineda.

La acción es en razón de la nueva estructura organizacional de la Policía Nacional aprobada por la Comisión Especial.

"En referencia al caso del expediente extraviado del Comisionado General Juan Carlos Bonilla Valladares, se remitirá a las autoridades correspondientes para su respectiva investigación", dice el comunicado número 11 de la comisión depuradora.

Ramírez del Cid "trabajaban para el Cartel del Atlántico junto con más de dos docenas de oficiales de diversos rangos". Del Cid y José Luis Muñoz Licona mandaron a matar a Julián Arístides González y a Alfredo Landaverde, según el informe especial del diario estadounidense The New York Times.

La Comisión había suspendido de sus cargos a los generales Ramírez del Cid y Ramón Sabillón.

También el informe publicado por el The New York Times asegura que Juan Carlos "Tigre" Bonilla recibió y envió copias y órdenes de la Secretaría de Seguridad, dirigida entonces por el ministro Pompeyo Bonilla, de los documentos que implicaban a sus compañeros en los asesinatos de Julián Arístides González y Alfredo Landaverde.

Sabillón abandona Honduras

El general Sabillón abandonó de manera arbitraria la institución, está fuera del país, de acuerdo a información de otros países como Nicaragua, Costa Rica y Estados Unidos, confirmó en conferencia de prensa Omar Rivera, miembro de la Comisión de Depuración de la Policía.

La Policía Nacional está en proceso de depuración debido a las múltiples denuncias contra agentes y oficiales involucrados en delitos como homicidios, narcotráfico, extorsión, secuestros y violaciones a los derechos humanos, entre otros.