La Corte Suprema de Justicia, CSJ, destituyó ayer a otros jueces, una magistrada de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula y a un defensor público.
Los destituidos son Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Guillermo López Lone, la magistrada Tirza del Carmen Flores y el defensor público Osman Fajardo Morel. Con estos tres, ya son siete los jueces destituidos este año por la CSJ.
En abril fueron separados de sus cargos tres togados del Juzgado de Letras Seccional de Trujillo y un juez de Islas de la Bahía por suponerlos responsables de dejar en libertad a implicados en el crimen organizado.
El vocero de la Corte, Danilo Izaguirre, dijo que, según ese poder del Estado, el juez Adán Guillermo López incurrió en incumplimiento y violación grave de los deberes como funcionario judicial estipulados en los artículos 10 y 11 de la Ley de la Carrera Judicial al haber participado en la manifestación violenta en los alrededores del aeropuerto Toncontín el domingo 5 de junio de 2009 que concluyó con un enfrentamiento con los agentes policiales.
En ese incidente López resultó herido en su rodilla izquierda, “conducta incongruente con la normativa legal que rige el desempeño de los jueces y magistrados”.
El juez Ramón Enrique Barrios hizo declaraciones a un diario afirmando que no hubo sucesión constitucional, publicadas el 18 de agosto de 2009. Barrios en su descargo dijo que las hizo dentro del contexto de libertad de cátedra porque da clases de Derecho en la Unah. Según la Corte, Barrios violó la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales en su artículo 3, numeral 1, que prohibe a las autoridades judiciales mezclarse en atribuciones de otras autoridades y ejercer otras atribuciones que determina la ley y que según el numeral 4 tiene prohibido enviar al Poder Ejecutivo felicitaciones o censuras por sus actos. Violó el numeral 6 que prohíbe la participación de jueces en actos de proselitismo político.
La magistrada Tirza Flores Lanza, según la Corte, incurrió en incumplimiento y violación grave de algunos de los “deberes, incompatibilidades y conducta establecida en los capítulos 10 y 11 de la carrera judicial por haberse ausentado de su despacho judicial el día 30 de junio de 2009, encontrándose ese día en Tegucigalpa haciendo gestiones que no son inherentes a su cargo sin contar con el permiso respectivo al ejercer actos de procuración en la tramitación de la nulidad presentada en el expediente número SCO-896-2009. Además, la magistrada violó el artículo 319 constitucional que manda que los funcionarios del Poder Judicial no pueden participar en reuniones de tipo partidista de ningún tipo.
Ayer en conferencia de prensa, los funcionarios separados de sus cargos dijeron que fueron destituidos en forma arbitraria e ilegal por la Corte.
