Pese a controles que van desde la tecnificación y a la escogencia de personal vía oposición, las falencias en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, quedan al descubierto, principalmente en sus aduanas y particularmente en la de Puerto Cortés, por donde ingresa la mayor parte de vehículos usados al país.
Esta investigación deja claro que el personal que hace trabajos vía agencias aduaneras logra las falsificaciones de documentos pero que la DEI, de acuerdo con la capacitación y logística de sus empleados podría determinar esa irregularidad; sin embargo, los casos pasan desapercibidos y eso le genera al Estado al menos 200 millones de lempiras en defraudación fiscal al año.
Ese dinero debería ser pagado por los importadores de vehículos, pero evaden el cobro mediante la subvaluación.
La subvaluación no se da en la introducción de carros nuevos, sino en los usados, aunque algunos son de lujo.
En los últimos meses se detectó que la defraudación ocurre por negocios que tienen los proliferantes autolotes.
El fraude
De acuerdo con la documentación observada y a los testimonios de algunos investigadores, las operaciones inician cuando un cliente solicita un carro con determinadas características, los dueños de autolotes poseen códigos para acceder a las subastas en línea en Estados Unidos y de esa forma realizan las compras.
El auto es enviado a la aduana de Puerto Cortés, y la documentación soporte de compra es bajada e impresa por el comprador.
Ahí se especifican las condiciones del auto, el precio, el lugar de la subasta y además el lugar donde se realiza.
Con el carro en la aduana y la documentación impresa, el comprador procede a escanear el escrito para subvalorarlo, es decir si el carro es de determinada marca, tipo camioneta, color negro, año 2004, serie, motor y cilindraje expresados en el escrito, y con un precio de compra de 7,8000 dólares, de acuerdo al ejemplo tomado en un caso, al falsificar ese precio el importador terminó pagando a la DEI impuestos con relación al costo que aparece en el documento que es de 3,249 dólares con 25 centavos.
En la documentación soporte de esta investigación se estableció que el comprador pagó en la aduana 27,513 lempiras con 73 centavos, cuando debió cancelar el doble.
Deshonestidad
Detectar la irregularidad no es complicado para la DEI, puesto que tiene las herramientas técnicas para hacerlo; pero muchas veces no lo hace por la falta de honestidad de algunos empleados, que al año permiten al menos el ingreso de no menos de 300 carros bajo esa condición y que no son detectados de inmediato, sino hasta que se hacen algunas auditorías o controles, que desafortunadamente no son permanentes y tampoco constantes.
Según Armando Sarmiento, director de la DEI, todo empleado aduanero tiene acceso a un sistema que sirve para verificar los precios de los carros que son comprados en las subastas de Estados Unidos.
Para ello, el empleado debe solicitar al comprador el código de acceso y el número de compra, con eso podrá verificar que lo facturado está de acuerdo con la venta, pero no hay omisión cuando no lo hacen, simplemente hay colusión.
La mayor subvaluación está ocurriendo mediante ese mecanismo, que es fácil de impedir con empleados honestos, pero que es difícil de combatir porque la DEI ya lo intentó al contratar el 100 por ciento de los empleados aduanales mediante concurso, y de los cerca de 80 que fueron asignados a Puertos Cortés, todos fueron despedidos al descubrirse estas acciones dolosas, pero la reincidencia continúa.
650 millones
Sólo en los últimos tres años el Estado perdió unos 650 millones de lempiras por esa defraudación. Varios de los vehículos entraron a través de la agencia Aduanera Romero Peña y a través de algunos tramitadores de maletín de Puerto Cortés, uno de ellos identificado como Levi Orlando Salgado, quien ya tiene orden de captura por esos casos.
Pese a que este individuo no trabaja en ninguna agencia aduanera, compraba las pólizas, hacía el trámite, lo digitalizaba y sacaba la mercadería sin pagar impuestos y nadie lo controlaba porque no es agencia aduanera, ejemplificó un tramitador.
DEI admite culpa
La DEI admite su responsabilidad, pero también culpa a las agencias aduaneras que venden pólizas.
Lo ideal sería cerrar todas esas empresas de maletín, al menos unas seis, y las que operan vendiendo las pólizas; pero esa acción le corresponde a la Secretaría de Finanzas y esos procesos son largos.
La operación descrita anteriormente es la más grande en la defraudación fiscal, aunque existen otras en las que los empleados de la DEI son sorprendidos y que poco o nada pueden hacer para evitar que la nacionalización de los vehículos se realice violando la ley.
Más dolo
Otro procedimiento utilizado para defraudar el fisco fue el detectado a mediados de este año, y fue el ingreso de seis carros de la marca Hommer, que entraron por las aduanas sin pagar ningún centavo de impuestos, pues sus importadores se las ingeniaron para falsificar dispensas oficiales. Cada uno de estos vehículos debió pagar al menos 300 mil lempiras.
Como responsables de estas acciones se sindica a una banda centroamericana, jefeada por el matrimonio compuesto por José Antonio Rivera Perdono y Patricia Avilez Barrientos.
Para adulterar la dispensas de los vehículos, estos individuos lograron falsificar las firmas de al menos seis funcionarios de la Secretaría de Finanzas.
La banda de estos individuos opera en Guatemala, El Salvador y Honduras, particularmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, robando carros, luego introduciéndolos a estos países con pólizas falsas y luego nacionalizándolos a través de la DEI.
En otro intento por controlar la defraudación, la DEI creó la Unidad Antifraude con la cual se le da seguimiento a cada caso; sin embargo, la prueba de fuego la tiene con esta banda de robacarros, que por su condición de internacional los ha puesto a trabajar en la región, recopilando información.
Se presume que esta banda subvalúa miles de millones en lempiras.
Aumenta el 'blanqueo' de carros robados
Funcionarios de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, explicaron que conocidos abogados se dedican a la venta de sus firmas o protocolos, lo cual es usado para legalizar traspasos de vehículos que fueron robados.
El problema se ha agudizado en los últimos tiempos, debido a que la subvaluación no sólo pasa por la introducción de carros mediante la defraudación, sino por la incursión de bandas que legalizan los automotores robados.
En el trámite de 'blanqueo' figura un conocido abogado que ahora trabaja en el Gobierno, a quien le descubrieron varias de sus firmas en la legalización de carros robados.
Uno de los casos que más ha llamado la atención es uno en que la víctima del ilícito fue el cardenal Óscar Andrés Rodríguez.
El Cardenal sufrió el robo de un carro, el que le fue traspasado sin su consentimiento a otra persona, pero en el trámite se cometió el error de escribirle, en el estado civil, que era casado, lo cual alertó al personal de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, que esa forma impidió la enajenación del automotor.
- De los más de 600 casos recopilados en los últimos años, la DEI presentó algunos a la Fiscalía contra la Corrupción y otros a la Procuraduría, pero en ninguno tiene respuestas contundentes. En la Procuraduría trabajan con una mayor diligencia, mientras, en la Fiscalía se informó que hace falta investigación y por eso los casos no se judicializan.
- 43,000 millones de lempiras deberá recaudar la DEI para el próximo año, parte de esas captaciones provienen del pago de los impuestos de introducción de vehículos.
- 700 empleados de la DEI fueron contratados mediante el proceso de concurso, sin injerencia política; sin embargo, las irregularidades en las aduanas continúan.
- 10,000 millones de lempiras pierde el Estado al año mediante la evasión fiscal, según parámetros internacionales que establecen pérdidas superiores al 30 por ciento de lo que se capta.
- Aunque en casi todas las aduanas se viola la ley, el primer lugar lo tiene la de Puerto Cortés.
