Tegucigalpa. El titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, descartó la creación de un Fondo de Ayuda Comunitaria; sin embargo, recalca la petición de los diputados de crear opciones para llevar ayudas a sus comunidades.
A casi siete meses del nombramiento de una comisión para elaboración del dictamen para la derogación del decreto 116-2019 que da vida al cuestionado fondo departamental, las promesas de la supresión del polémico decreto han quedado en papel mojado.
Los diputados oficialistas están abogando por la reactivación del cuestionado fondo, bajo la excusa de ser los únicos funcionarios públicos que no manejan recursos del Estado.
“Lo que sí existe es el decreto 116-2019, que es un fondo departamental con el cual saquearon y se robaron miles de millones de lempiras, pero lo que existe es la necesidad de los diputados de ver cómo responder después de las inundaciones de manera inmediata en sus comunidades”, expresó Redondo.
Carlos Zelaya, secretario del CN, manifestó que “no es delito que los diputados tengamos opción de apoyar a nuestras comunidades y dar soluciones a las solicitudes, tenemos el compromiso permanente donde nos soliciten el apoyo. El mecanismo debe ser lo más sencillo posible, el diputado no debe manejar dineros, solo debe de ser un gestor”.
Gasto
Más de 2,300 millones de lempiras fueron distribuidos en 12 años a los diputados del Congreso Nacional, mismos que en su ejecución causaron denuncias de corrupción, falta de transparencia e injerencia política.
Mediante el decreto 141-2017, en su artículo 231, se instruyó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que conformara una unidad especial para que investigara a unos 750 diputados y exdiputados -entre propietarios y suplentes- de los últimos 12 años, que hayan recibido recursos del Fondo de Desarrollo Departamental.
“No podemos estar hablando de un nuevo proyecto si ni siquiera hemos derogado el que está vigente; además, no se puede aprobar nada que tenga la funcionalidad similar al fondo departamental”, dijo la diputada Maribel Espinoza.
La orden era realizar el proceso de auditorías por un período de tres años; es decir, que tienen hasta este año para presentarlas, ya que recibieron un presupuesto de 45 millones de lempiras.
Según el informe de la Asociación para una sociedad más Justa (ASJ) hasta inicios de 2022, cuando se elaboró, solamente se habían publicado 60 auditorías, con casos que ameritan profundas investigaciones.
Desde 2006, el Congreso Nacional ha venido implementando diferentes mecanismos para que los diputados, con una marcada injerencia de la presidencia de ese poder del Estado y desde el Ejecutivo, reciban recursos públicos para ejecutar proyectos.