Tegucigalpa.
Hallazgo más preocupante de esta compra es que la misma se justificó bajo argumento que los hospitales no contaban con equipo de protección personal, sin un análisis previo de la necesidad actual en los centros asistenciales del país.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este miércoles los resultados de la auditoría realizada a los proceso de adquisición de hospitales móviles, equipo de bioseguridad y 290 ventiladores mecánicos pulmonares, efectuados por Invesrsiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) para atender la emergencia por COVID-19.
En el informe se revelaron las empresas con las que Invest-H negoció la adquisición de los equipos de bioseguridad, las cuales presuntamente no fueron investigadas previo a realizar las compras.
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Análisis de las empresas proveedoras de mascarillas e insumos médicos
Grupo GyT S.A. de C.V.
Socios: Juan José Lagos Romero (también figura como representante legal), Sonia Griselda Lagos Zepeda y Waleska Marlene Zelaya Portillo (socio fundador).
Esta empresa firmó 75 contratos con instituciones públicas en ocho años anteriores por un total de L10,007,911,668
El contrato por mascarillas N95, por sí solo, representa un valor cinco veces mayor que el total de todos los 75 contratos anteriores que GyT ha suscrito con el Estado.
Juan José Lagos Romero (socio y apoderado legal) fue presidente del equipo de fútbol Real de Minas, que era financiado con fondos del RNP y al mismo tiempo Grupo GyT era encargada de suministrar papel de seguridad al RNP, mediante una compra directa.
Distribuidora Comercial Hondureña S.A. (DICOHONSA)
Socios: Alejandra María Rápalo Ocóno (también figura como representante legal) y Alejandro José López Montes
Representante legal: Alejandra María Rápalo Ocón y Nancy Reneé Rivera Ferrera
DICOHONSA ha obtenido 92 contratos anteriores con el Estado; sus principales contratantes son ENEE y Conatel. Los objetos de las contrataciones se constituyen en mantenimiento de oficinas, insumos eléctricos, materiales de ferretería y materiales para trabajos en table yeso.
El contrato de DICOHONSA para mascarillas KN95 representa 8.1 veces más que el monto de todos los 92 contratos anteriores.
Alejandra María Rápalo Ocón está vinculada a la oenegé 'Organización No Gubernamental Desarrollo Transformando Nuestra Nación' por presunta falsificación de documentos en el caso Red de Diputados.
Access Telecom Group INC.
Socios: Abraham A. Benhamu, presidente/agente
Representante legal: José Antonio Zúniga Castillo
No se encontraron contratos públicos anteriores
No se logró obtener información sobre sus socios o representantes legales, únicamente figura como contacto el señor Arturo Maduro, quien fue parte de actividades de Access Telecom en Estados Unidos y a quien se le vincula con otras 10 empresas en Honduras.
Medical Group
Socios: no se identifican al no existir registro de constitución de la empresa
Representante legal: No hay registro
No se encontraron contratos públicos anteriores
La finalidad de On Media es producción audiovisual; Mario Medardo Zaldaña Olmedo, director general de On Media Group, fue electo segundo regidor en elecciones internas del Partido Liberal por el movimiento Villedista.
También figura como presidente de la empresa Sky Consulting Group Corp., creada en Panamá. Produce actualmente Roa Fest, evento patrocinado por el Gobierno de Honduras.
PROSEDI
Socios: No se identifican al no existir registro de constitución de la empresa
Representante legal: No hay registro
No se encontraron contratos públicos anteriores
El RTN mostrado en la orden de compras de la empresa PROSEDI pertenece a una persona natural. La persona Fuad Alexander Kafati es socio y gerente de la empresa La Casa de la Música, que no tiene nada que ver con la distribución de mascarillas.
Análisis de las empresas proveedoras de ventiladores mecánicos
Dimex Médica S.A. de C.V. (Dimex)
Socios: Juan Francisco Melgar Milla y Ricardo José Girón Vallecillo
Representante Legal: Larissa Yissele Tejada Hernández
Dimex es parte del Grupo Americana, entidad corporativa que también incluye a la Droguería Americana y Laboratorio Americana, los cuales históricamente han figurado entre los principales proveedores de medicamentos al Estado.
Grupo Técnico S. de R.L.
Socios: Raúl Antonio Alvarado Lagos, Sandra Sofía Alvarado Lagos y Carla Danila Alvarado
Representante Legal: Óscar Eduardo Lagos Raudales y Adela María Banegas Moncada
Esta empresa ha obtenido 82 contratos anteriores con el Estado
El actual apoderado legal de SIMEDIC, Óscar Eduardo Lagos Raudales, también aparece en documentos del 2018 como apoderado de la empresa Grupo Técnico S. de R.L. de C.V. Grupo Técnico pertenece a la misma familia Tecma, empresa que vendió las ambulancias hechizas al IHSS.
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Hallazgos preocupantes
En su informe, la ASJ enumeró los siguientes hallazgos:Hallazgo más preocupante de esta compra es que la misma se justificó bajo argumento que los hospitales no contaban con equipo de protección personal, sin un análisis previo de la necesidad actual en los centros asistenciales del país.
INVEST-H no investigó ni cotizó, solo recibió una lista del Gerente Administrativo de la SESAL, César Barrientos (8 abril) y emitió ese mismo día tres órdenes de compra de los productos y otras dos (9 de abril), a tan solo horas y un día después – respectivamente- de recibir el requerimiento de compra por parte de la SESAL.
La decisión de INVEST-H fue contratar cinco empresas (incluyendo una dedicada a las telecomunicaciones y seguridad), tres empresas incumplieron lo acordado en el contrato, una se retira y la quinta empresa entregó el material de forma tardía. Eso ha dejado al personal de salud y pacientes sin el equipo de protección que debería de haber tenido desde el día de la contratación, según las promesas de las empresas.
Este proceso solamente ha logrado su objetivo de proveer de insumos de protección personal en forma parcial, lo que causa un perjuicio al Estado, al no recibir los insumos de protección para el personal médico que está atendiendo la pandemia.
A raíz de la compra rápida y sin estrategia:
Cuatro de las cinco órdenes de compra fueron canceladas porque los proveedores incumplieron promesas de productos disponibles y fechas de entrega.
El único proveedor aún contratado prometió entrega total de los productos
adquiridos en 10 días (pero registra 65 días de retraso).
Resultado: Personal médico en la primera línea de batalla sin el equipo necesario
para hacer frente a la pandemia de COVID-19 y expuesto al riesgo de contagio.
