Tegucigalpa, Honduras.
Tirados en el suelo, con dolencias en su cuerpo, fiebres y clamando por ayuda están los privados de libertad de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, que se ubica en Támara, Francisco Morazán.
A juicio de defensores de derechos humanos, hay al menos mil casos positivos entre los módulos de Casa Blanca y Recinto General.
“El módulo Casa Blanca está infectado, hay 1,800 privados de libertad, y en el Recinto General hay 3,850. De ellos, no menos de mil están teniendo síntomas parecidos al COVID. Tienen temperatura alta, dolor de cuerpo, de cabeza, tos, podría ser dengue; pero pedimos les hagan la prueba del hisopado para salir de dudas”, dijo Hugo Maldonado, del Comité para la Defensa de Derechos Humanos (Codeh).
Aislados
Tras conocerse los primeros casos, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) habilitó espacios para aislarlos.
La semana pasada, la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central confirmó que hay 121 positivos, pero la cifra puede ser más.
El problema es que a la mayoría no se les ha hecho el examen que indique si son positivos o no.
Adicional, se habilitó la iglesia que funciona en la penitenciaría, donde se ha ubicado a un centenar de internos. Los jueces de Ejecución recomiendan tomar más medidas.
“Uno de los primeros pasos es excarcelar a los presos, por ejemplo, procesados que estén muy mal de salud. El hacinamiento en los penales no permite que se cumpla con el distanciamiento social. Otro problema es que con el cierre del penal de San Pedro Sula los detenidos en esta ciudad no tienen adónde ir, por eso están llegando a otros penales y son los que están llevando el contagio”, expresó Mildred López, jueza de Ejecución de El Progreso, Yoro.
Ante la pandemia, la Corte Suprema de Justicia en abril determinó descongestionar los penales otorgando la preliberación a los que habían cumplido más de la mitad de condena y a los que presentaban enfermedades terminales, y con ello se logró liberar a más de mil reos.
