Piden al Ministerio Público actuar contra blindaje parlamentario

El uso y manejo del Fondo Departamental había sido eliminado, pero en la sesión del 16 de octubre se revivió

Diputados volvieron a la antigua y están aprobando proyectos e iniciativas levantando su mano.
Diputados volvieron a la antigua y están aprobando proyectos e iniciativas levantando su mano.

Tegucigalpa, Honduras.

Miembros de la sociedad civil instaron al Ministerio Público (MP) a interponer un recurso de inconstitucionalidad en contra del blindaje en el manejo de fondos para diputados y otros servidores públicos aprobado por el Congreso Nacional.

“Confiamos en que el Ministerio Público presente el recurso de inconstitucionalidad y que la Sala falle conforme a derecho y de la misma forma que lo hizo con la Ley de Presupuesto”, afirmó el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández.

En esta semana, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentaría una acción judicial encaminada en esa vía contra la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales, informó una fuente ligada a esta organización.

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Múltiples sectores han rechazado este marco legal que fue promulgado en el Diario Oficial La Gaceta bajo el decreto legislativo 116-2019.

Con esta normativa también denominada como Ley Especial del Fondo Departamental se vulneran las atribuciones del MP, a criterio de juristas.

En el término de 30 días, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) deberá emitir el reglamento de este instrumento jurídico, el cual solo podrá ser reformado o derogado con 86 votos favorables de diputados, lo que se conoce como mayoría calificada.

Los legisladores, alcaldías, oenegés, fundaciones y organizaciones privadas de desarrollo (OPD) pueden hacer sus liquidaciones y justificaciones ante el TSC, institución que hará auditorías e investigaciones especiales a los fondos que manejen.

Mientras no se emita una resolución definitiva de parte del órgano contralor del Estado, quedará en suspenso cualquier otro tipo de acción administrativa, civil o penal en relación con los fondos que sean otorgados.

La Prensa