Tegucigalpa, Honduras
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y Corrupción (Ufecic) presentaron este lunes el caso 'Fraude sobre el Gualcarque'.
'Es el noveno caso de investigación llamado Fraude sobre el Gualcarque', dijo Ana María Calderón, fiscal internacional de la Maccih.
'No ha sido una tarea fácil, hemos hecho una labor de hormiga y hoy presentamos evidencias que hubo diversos actos irregulares para lograr concesión Agua Zarca', indicó Calderón.
'La línea que se presenta hoy surgió de las denuncias que presentó Berta Cáceres, quien presentó más de 40 denuncias sobre presuntas irregularidades en concesión de recursos hídricos', afirmó la coordinadora de la división de Prevención de Combate a la Corrupción de la Maccih.
La Ufecic acusó a 16 personas por irregularidades en el otorgamiento de la concesión de un proyecto hidroeléctrico.
Entre los acusados figuran el exviceministro hondureño de Recursos Naturales y Ambiente Darío Roberto Cardona, el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) Roberto Martínez Lozano y un ejecutivo de la empresa hidroeléctrica.
Todos son acusados de los delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado.
Calderón agregó que la Ufecic presentó ante la Corte Suprema de Justicia 'evidencia de que 16 acusados habrían cometido diversos delitos contra la administración pública' para que la empresa Desa fuera 'beneficiada con el contrato de operación y la contrata de aguas sobre el río Gualcarque'.
Así como el contrato de suministro de potencia y energía, y otro de operación para la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica, este último conocido como 'Agua Zarca'.
Investigación
La investigación de la Ufecic y la Maccih señala que la empresa Desa fue creada el 20 de mayo de 2009 por los hermanos Roberto Antonio y Geovanny Isidro Abate Ponce con un capital de 25,000 lempiras (unos 1,016 dólares).
Agregó que el ex presidente ejecutivo de Desa Roberto David Castillo desde 2009 era 'representante de facto' de la compañía y, además, fue asistente técnico de gerencia de la Enee.
El contrato entre la Enee y Desa se suscribió sin que se 'verificase que Desa no estaba inscrita en el registro de proveedores y contratistas del Estado', violentando así la Ley de Contratación del Estado, y que 'no tenía las capacidades, la experiencia y el capital' para desarrollar el proyecto.
Tras la firma del contrato con la Enee, Castillo formalizó su vinculación con Desa y se le otorgaron 'parte de las acciones' de la compañía a través de la empresa Potencia de Energía de Mesoamérica (PEMSA), que tendría su sede en Panamá y de la cual el acusado era socio y directivo, señala la investigación.
En representación de Desa firmó el contrato la hondureña Carolina Lizeth Castillo, quien fue presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Enee, lo que le permitió conocer el estudio de factibilidad para el proyecto hidroeléctrico Gualcarque.
Lista de implicados
Julio Rivas Bonilla
Julio Alberto Perdomo Rivera
Catarino Alberto López
Luis Eduardo Espinoza Mejía
Ana Lourdes Martínez Cruz
Aixa Gabriela Zelaya Gómez
Darío Roberto Cardona Valle (exviceministro de la Serna)
Mauricio Fermin Reconco Flores
José Mario Carbajal Flores
Óscar Javier Velázquez Rivera
Roberto Aníbal Martínez Lozano (exgerente de la Enee)
Julio Ernesto Eguigure Aguilar
Raúl Pineda Pineda
Carolina Lizeth Castillo Argueta
Isaida Odilia Pinel.
