La erradicación del mercado negro de la información, la burocracia por padrinazgos políticos y la creación de un documento de identificación con altos estándares de seguridad, que tendrá un costo de 50 millones de dólares (unos 1,225 millones de lempiras), figuran en el proyecto de decreto de reformas al Registro Nacional de las Personas (RNP) presentado al Congreso Nacional.
La iniciativa de ley, que presentó Jorge Cálix, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), representa la segunda etapa de las reformas constitucionales aprobadas por el Legislativo al finalizar la legislatura anterior que cambiará algunas reglas del sistema electoral, especialmente del RNP, que opera bajo un sistema desfasado que ha permitido, incluso, el tráfico de información que debe estar estrictamente protegida por el Estado.
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El proyecto, que turnaron a una comisión de dictamen encabezada por el congresista Mario Pérez, propone en su artículo número uno las reformas a los artículos 43, 53, 68, 111, 112 y 125 de la ley del RNP y adiciona el 125 A y los artículos 2 y 3.
Cálix anunció que una vez que el dictamen comience a debatirse en el pleno, las autoridades del RNP harán nuevas sugerencias. Se estima que por lo menos 13 artículos quedarán reformados.
Cálix explicó que el contenido de la iniciativa fue elaborado por la comisión interventora del RNP, que preside Rolando Kattán, y él solo se encargó de presentarlo ante el pleno legislativo. El dictamen, según instrucciones del presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, debe estar concluido a comienzos de abril próximo.
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El RNP ya cuenta con una aplicación para uso de instituciones públicas y ciudadanos.
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La normativa sugiere la creación de la Unidad Administradora del Proceso de Identificación Nacional, que deberá contar con amplio apoyo técnico para documentar, mejorar los actos vitales de las personas y asegurar así el funcionamiento de la institución. También propone la instauración de un registro digital.
Rolando Kattán, presidente de la comisión interventora del RNP, expresó a LA PRENSA que ahora la institución contará con un sistema de interconexión con otras dependencias del Estado.
Eso impedirá que malos empleados vendan la base de datos del Registro en el mercado negro. Kattán relató que ese abuso permitió que hasta las farmacias tengan la información de cada hondureño.
El funcionario añadió que otro cambio importante consiste en modificar el sistema de administración que actualmente se reparte en tres direcciones bajo acuerdos políticos para dar paso a una junta de comisionados que trabajarán en consenso.
Los cambios también le darán al Registro independencia estratégica, técnica y financiera y le dará extrema seguridad a la información personal de cada hondureño, enfatizó el interventor.
Las grandes filas para sacar una partida de nacimiento terminarán con el nuevo Registro.
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Entre esas instituciones que notificarán de las defunciones figuran la Cruz Roja Hondureña, los administradores de los cementerios, hospitales y municipalidades.
Igualmente, los parientes más cercanos que habitaren en la casa del difunto, el médico que asistió a la persona fallecida, los alcaldes auxiliares y ministros de diversas religiones.
“Despartidización”
La nueva normativa incluye, asimismo, dijo Kattán, la “despartidización” del RNP, en el entendido de que no haya una repartición de puestos entre partidos políticos. Respecto al padrón electoral, anunció que se hará un nuevo levantamiento en todo el territorio en el que quedarán excluidos los hondureños que han emigrado por diferentes razones.
Sobre los empleados, Kattán señaló que estos deben convertirse en una especie de fortín para cuidar la información, “ya que esta constituye la patria y no debe ser compartida para fines distintos para lo que fue creada la institución”.
Ningún partido político tendrá una cuota de empleados por componendas entre líderes.
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Están obligados subsidiariamente a notificar la defunción ante el registrador civil los consulados o agentes diplomáticos de Honduras acreditados en el extranjero tres meses después del fallecimiento de una persona.
Multa
Los que incumplan su obligación de reportar las defunciones pagarán una multa de dos a tres salarios mínimos.
Con la ley se creará la Unidad Administradora del Proyecto (UAP) por un periodo de cinco años para la administración y ejecución del mismo, la cual estará adscrita y será nombrada por el órgano de máxima autoridad del Registro Nacional de las Personas, pudiendo prorrogarse por un período igual.
Se asigna a la Unidad Administradora del Proyecto (UAP) 10 millones de lempiras anuales para el cumplimiento de sus funciones, debiendo la Secretaría de Finanzas hacer el traslado de esos fondos al Registro Nacional de las Personas.
En el proceso de construcción del dictamen del proyecto participará la sociedad civil.
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