Tegucigalpa, Honduras
El riesgo de sufrir un atentado o perder la vida por sus actividades profesionales o la defensoría del ambiente y de los derechos fundamentales de la gente, sigue latente para cientos de periodistas, abogados, jueces, fiscales y defensores de derechos humanos en Honduras.
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La Ley de Protección se creó en atención de la resolución 13/13 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
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Las cifras así lo revelan. Al menos 217 miembros de estos gremios se encuentran amparados en el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, iniciativa creada por el Estado para proteger la vida de estos sectores vulnerables.
Hasta el 30 de junio se encontraban protegidos por la Dirección General del Mecanismo de Protección (Dgmp) 217 personas, de los cuales 133 son defensoras de derechos humanos, 42 periodistas, 25 comunicadores sociales y 17 operadores de justicia.
En términos porcentuales, los defensores de derechos humanos representan el 61% de las personas protegidas, seguidos de los periodistas y comunicadores con un 31%, y por último los jueces y fiscales que son el 8%.
Un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras revela que desde julio de 2015 al 30 de junio de 2018 se atendieron 325 solicitudes de medidas de protección, de las cuales se admitieron 250 casos y se denegaron 75 por no cumplir con lo prescrito en la ley.
De los casos admitidos se cerraron 33 solicitudes por diversos motivos, entre ellos, la decisión personal de algunos de los beneficiados de seguir en el proceso, renuncia a las medidas de protección y salida del país de la persona beneficiada. Usualmente las medidas de protección se otorgan cuando hay un nivel de amenaza o un alto riesgo a la vida del denunciante. Las medidas pueden ser ordinarias y extraordinarias e incluyen escoltas, chalecos, vehículos blindados, botón de pánico y cámaras de seguridad.
Según el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), entre 2001 y 2018 han sido asesinados alrededor de 75 periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de los medios de comunicación, de los cuales el 92% se encuentran en la impunidad.
Profesiones más peligrosas en Honduras
2-Entre 2001 y 2018, han sido 75 periodistas y comunicadores sociales y trabajadores de los medios de comunicación los que fueron asesinados en Honduras, de los cuales el 92% se encuentran en la impunidad y en el 7% restante se capturó a responsables materiales.
3-De las estadísticas se desprende que los mayores beneficiarios del sistema han sido personas dedicadas a la defensoría de los derechos humanos y los periodistas, siendo las actividades de mayor riesgo en el país.
Solicitudes de protección
José Danilo Morales, titular de la DGMP, informó a LA PRENSA que después de las elecciones de noviembre del año pasado hubo un notable incremento de las solicitudes de protección, especialmente de periodistas. Sin embargo, indicó que de marzo pasado a la fecha hubo un descenso de las solicitudes, posiblemente derivadas de que el país entró en una etapa de menor conflictividad social y también por el inicio del diálogo político.
Durante la crisis poselectoral, varios periodistas y directores de medios fueron amenazados o agredidos por las fuerzas de seguridad del Estado y por activistas de la Alianza de Oposición, lo que motivó a pedir medidas de protección.
Preocupa el aumento de casos: CPH
El mecanismo de Protección para defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de Justicia urge de un mayor presupuesto para poder atender la demanda de solicitudes de amparo que cada año se presentan ante esa instancia especial, particularmente de periodistas.
Eduin Romero, consejero y representante del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) ante el Mecanismo de Protección, valoró positivamente el papel que esta iniciativa juega en la defensoría y protección de estos grupos vulnerables; pero dijo que se requiere un mayor presupuesto para atender la demanda que cada año va en aumento.
Romero valoró que el Mecaniso se muestra como un órgano confiable al cual acuden los grupos beneficiarios, entre ellos, periodistas y comunicadores sociales; pero por otro lado causa preocupación el aumento en el número de colegas que solicitan medidas de protección.
“Esto implica que la acción preventiva para verificar y erradicar las amenazas es fundamental, y aquí entra en juego una de las fallas que como consejeros hemos encontrado, hablamos del proceso de investigación, creo que debe acelerarse el trabajo de la Fiscalía creada para dar seguimiento a estos casos”, acotó.
