Otra ONG investigada por fraude contra el Estado

También son investigadas dos empresas, estas habrían drenado 75 millones de lempiras (unos 3.1 millones de dólares) del Programa de Asignación Familiar (Praf)

Oficinas del Praf en Tegucigalpa investigadas por supuesto abuso de fondos públicos.
Oficinas del Praf en Tegucigalpa investigadas por supuesto abuso de fondos públicos.

Tegucigalpa, Honduras

Dos empresas y una organización no gubernamental (ONG) son investigadas porque habrían drenado 75 millones de lempiras (unos 3.1 millones de dólares) del Programa de Asignación Familiar (Praf), una institución creada para ayudar a los menos favorecidos.

El supuesto fraude se hizo entre 2011 y 2014, usando las mismas artimañas: contratos sin licitación, fragmentados, sobrevalorados y, en muchos casos, sin presentar evidencia de haber ejecutado los servicios por los cuales se pagó.

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millones de lempiras perdió el Estado por la sobrevaloracion de los contratos firmados por el Praf con tres entidades privadas.

Estas anomalías, que generaron una pérdida de 27 millones de lempiras al Estado solo por sobrevaloración, fueron denunciadas ante el Ministerio Público (MP) por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en noviembre de 2017 sin que se conocieran los nombres de exfuncionarios, oenegé y sociedades mercantiles involucrados.

Los delitos que se imputan en la denuncia son fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios contra exejecutivos del Praf y directivos de las sociedades contratadas.

LA PRENSA, que publicó esa denuncia en noviembre del año pasado, tuvo acceso a informes más amplios en los que se detalla cómo se gestaron estos procesos de contratación presuntamente viciados, los exfuncionarios del Praf investigados y otros hechos que muestran que la entidad pública erogó fondos sin los requerimientos que exige el Estado.

En una primera denuncia, el CNA señala que el Praf otorgó 243 contratos, entre 2012 y 2014, a Servicios de Mercadeo Diversos S. de R.L. (SDM) por los cuales pagó 43.6 millones de lempiras para que realizara diferentes oficios en 16 departamentos de los programas Bono Juvenil y Desarrollo Integral de la Mujer. El CNA considera que hubo un perjuicio económico de L17 millones por sobrevaloración de los contratos.

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Servicios de Mercadeo Diversos, ubicado en Lomas del Guijarro Sur, en la capital, se agenció L43 millones por contratos fraccionados.

De acuerdo con el CNA, cada uno de los 243 contratos se firmó por L179,000 lempiras “para adjudicar de forma directa” (invitación de solo tres oferentes), ya que arriba de ese monto se requería una licitación con cinco o más oferentes, según las Disposiciones Generales del Presupuesto. De ahí que el CNA indica que hubo fraccionamiento intencional.

Existió “una forma arbitraria en que se fraccionaron los contratos para favorecer a un grupo de personas que en concierto y colusión presentaron propuestas económicas fraccionadas sobrevaloradas con el fin de sustraer la mayor cantidad posible de fondos públicos asignados al Praf”, dice la denuncia del CNA.

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contratos otorgó el Praf a dos empresas y una ONG , pero los procesos se fraccionario para no hacer licitaciones, según la denuncia del CNA.

El 20 de junio de 2013, el Praf le adjudicó 50 contratos, cada uno por L179,000 a SDM por servicios de capacitación, lo que, según el CNA, “evidencia la colusión, pues se debió ejecutar una licitación pública porque el valor total de las operaciones sumó L8.9 millones”.

Otra anomalía detectada por el CNA es que en 25 contratos adjudicados a SMD, “fueron invitados como oferentes dos empresas más, Servicios y Representaciones Turísticas (Servitur) y Representaciones y Asesorías Turísticas (Astur), las cuales pertenecen a los mismos socios”.

Asimismo, en otras 20 contrataciones ganadas por SMD, los restantes dos ofertantes, Asociación Manos Unidas de Honduras (AMUH) y Consultoría y Asesoría Sistemas (CAS), presentaron la misma oferta y en el mismo formato, indica el CNA.

El CNA hizo un análisis financiero de cada contrato y determinó que cada convenio de L 179,000 generó una pérdida por sobrevaloración de L73,000.

SMD presentó “información no veraz” que garantice que los instructores contratados brindaron las capacitaciones.

Por ejemplo, el capacitador Jorge Ernesto Martínez figura en un reporte que dictó capacitación en Santa Lucía el 24 de junio de 2013, pero en otro informe se consigna que en esa misma fecha dio una asesoría en Lepaterique. Ambos son municipios de Francisco Morazán.

Existen otros seis casos similares ocurridos en El Paraíso, Ocotepeque y Lempira.

El informe del CNA detalla que el mismo modus operandi ocurrió en el otorgamiento de 178 contratos por valor global de L31.5 millones para la Empresa Nacional de Desarrollo (Emprender) y la oenegé Asociación pro Desarrollo Económico de Honduras (Aprodesh) para que dieran capacitaciones.

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El tribunal superior de cuentas hizo varias auditorías en el praf, en las que señaló anomalías en contrataciones

Según la denuncia presentada al Ministerio Público, todos los contratos tenían valor inferior de L180,000 con el objetivo de evadir las licitaciones.

A Aprodesh le concedieron 120 contratos por los cuales le cancelaron L21.1 millones y Emprender se hizo de 58 contratos por los que recibió L10.4 millones.

“Estos convenios fueron sobrevalorados y por eso el Praf perdió L12.6 millones”, indica el documento. Los servicios de capacitación debían de realizarse en Santa Lucía, Talanga, Sabanagrande, otros municipios de Francisco Morazán, entre otros. La documentación manifiesta que, por ejemplo, Aprodesh debía impartir una capacitación en 2011 sobre talabartería, panadería, manualidades, belleza y mecánica en Santa Lucía, por lo cual personal del Praf levantó una lista de beneficiarios.

No obstante, la coordinadora de la Oficina de la Mujer de ese gobierno local, Glenda Andrade, detalló que Aprodehs no efectuó la consultoría y, según el CNA, le fue pagada.

Las capacitaciones “no fueron realizadas por ninguna de las organizaciones denunciadas” y la alcaldía de Santa Lucía corrió con los gastos de los capacitadores. “La ONG que representaba al Praf solo tomó fotografías, listado de beneficiarios y no regresaron, por lo que la alcaldía de Santa Lucía tuvo que pagar los honorarios de los instructores”, señala la denuncia. El asombro de la funcionaria municipal fue mayor cuando vio que en la lista de supuestos capacitados estaba su hijo, quien nunca se inscribió para recibir algún curso.

Andrade dijo a LA PRENSA que rindió declaración ante el CNA sobre las anomalías de las que tuvo conocimiento y que no podría ahondar sobre el asunto para no afectar las investigaciones.

En los contratos de Aprodesh y Emprender no se indican los sitios específicos en donde se debían de realizar las capacitaciones.

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La Municipalidad de Santa Lucía fue una de las presuntas víctimas de la empresa Aprodesh, pues tuvo que pagar por servicios que la referida entidad debió otorgar.

Funcionamiento de empresa SMD

Sociedad
La empresa Servicios de Mercadeo Diversos se constituyó el 20 de febrero de 2004 por Karen Matute, Dagoberto Matute y Álvaro Milton Casco, señalan documentos presentados por el CNA.

Compras
En las compras por cotización que ganó SMD fueron invitadas las empresas Servitur y Astur, que pertenecen a los mismos socios, indica la denuncia que investiga el MP.

Evidencias
SMD debía impartir capacitaciones en 16 departamentos y por ello se le pagaron L43 millones, pero falta documentación soporte que evidencie que se hicieron los trabajos.

¿Qué es el Praf?

El Programa de Asignación Familiar (Praf) se creó en 1990 para “promover proyectos sociales que constituyan un mecanismo de estímulo que le permitan solucionar las necesidades básicas de los más pobres, así como el mejoramiento del capital humano a través de capacitación y el desarrollo de los recursos locales a través de la autogestión”.

Maneja los bonos de materno infantil (destinado hijos/as menores de cinco años con discapacidad o riesgo de desnutrición y mujeres embarazadas o dando lactancia) y un bono escolar de primero a sexto grado destinado a hijos/as entre 6 y 14 años cursando hasta 6to grado en escuelas públicas.

La Prensa