Roberto Contreras, envuelto en nueva polémica en San Pedro Sula

El Ministerio Público ya investiga la denuncia interpuesta por un grupo de contratistas en contra del alcalde Roberto Contreras por la falta de pago en unos 12 proyectos de infraestructura.

Aunque la alcaldía buscó que el demandante Juan Ramón Castillo, representante de los contratistas, firmara un escrito de desistimiento de denuncia interpuesta contra el alcalde Roberto Contreras por abuso de autoridad, el Ministerio Público continúa con el proceso

“Siempre firme con la denuncia, no firmé”, expresó Castillo, quien asegura que la deuda de los 12 proyectos asciende a unos 14 millones de lempiras y que el costo de los proyectos no lo han puesto ellos.

“El contratista no pone precios, Infraestructura tiene un presupuesto base y de allí parten las ofertas del contratista, en ningún momento se sugieren o ponen precios”, aseveró Castillo, ante lo dicho por el alcalde Roberto Contreras, quien desmintió que fueran 12 los proyectos e indicó que son nueve y que suman unos 11 millones de lempiras.

El jefe edilicio dijo que no se niegan a pagar, pero que deben hacer el trámite administrativo y que desconocía que no tuvieran un contrato. Imágenes corresponden a los trabajos realizados por los contratistas, como la renovación del Instituto Honduras Corea.

Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público, declaró que ya se asignó el fiscal que conocerá la causa y en su momento citará a quienes interpusieron la denuncia para que presenten los respectivos documentos.

“Desde luego está en agenda la toma de declaración del alcalde Roberto Contreras, ya que se habla de varios millones de lempiras. A raíz de la cantidad que se está manifestando, todos estos proyectos debieron realizarse mediante licitación pública, como establece la Ley de Contratación del Estado”, aseveró Guzmán.

Guzmán detalló que en las próximas horas podría presentarse la Fiscalía en el palacio municipal como parte de la investigación. Cabe mencionar que no existe un contrato entre ambas partes y que todo fue por medio de mensajes y llamadas.

“Por tratarse de fondos públicos, aunque la persona considere retirar la denuncia, eso ya no cabe, la Fiscalía continúa con el debido proceso”, apuntó Guzmán.