México. Un juez federal de México emitió una nueva orden de captura contra Raúl Rocha Cantú, empresario identificado como accionista mayoritario de Miss Universo, por su presunta participación en una red dedicada al lavado de dinero mediante un complejo esquema de transferencias financieras entre diversas empresas.
La resolución judicial también incluye a Mauricio Jesús Rocha Botello, hijo del empresario y presidente de Miss Universo México, así como a otras cuatro personas señaladas por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La medida fue autorizada por un juez del Centro Federal de Justicia Penal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, tras una solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), que mantiene abierta una investigación sobre movimientos financieros considerados irregulares.
De acuerdo con las indagaciones, las autoridades sostienen que Rocha Cantú, junto con Andrés Javier Vázquez Ruiz y Alberto Charlan Salazar, habrían encabezado una estructura presuntamente empresarial utilizada para captar, concentrar y distribuir recursos de origen ilícito.
La FGR atribuye a Rocha Cantú un papel clave en la operación debido a su participación en varias compañías bajo investigación, entre ellas GI Euromex, Soluciones Gasíferas del Sur y Legacy Equity Group, en las que ocuparon cargos directivos o de representación.
Los investigadores sostienen que el empresario también tenía facultades para autorizar movimientos bancarios desde cuentas asociadas a algunas de estas sociedades, consideradas por las autoridades piezas esenciales del esquema financiero investigado.
Según el expediente, esta sería la segunda orden de captura emitida contra Rocha Cantú. La investigación señala que el empresario permanece prófugo desde diciembre, cuando perdió su condición de testigo colaborador en otro proceso relacionado con presuntos delitos de delincuencia organizados.
Las pesquisas describen un presunto esquema de lavado de dinero dividido en varias etapas. La primera consistía en recibir recursos procedentes de empresas catalogadas por las autoridades como compañías fachada, que supuestamente cuidaban de actividad económica real, infraestructura y personal operativo.
Posteriormente, los fondos eran concentrados en cuentas de GI Euromex, empresa identificada como uno de los principales centros de recepción de dinero. Desde allí, una parte de los recursos habría sido transferida a cuentas personales de algunos de los investigados.
En una tercera fase, el dinero habría sido enviado a otras personas físicas y morales sin que existieran, según la Fiscalía, relaciones comerciales, contractuales o fiscales que justificaran las operaciones detectadas por las autoridades financieras.
La investigación también involucra a varias sociedades mercantiles que presuntamente participaron en la circulación de recursos. Entre ellas figuran GI Euromex, Impulsora Eagle, Legacy Equity Group y Soluciones Gasíferas del Sur, además de dos empresas del sector de alimentos y bebidas con sede en Sinaloa.
Las autoridades mexicanas estiman que las analizadas operaciones alcanzan montos cercanos a los 3 mil millones de pesos. Mientras continúan las investigaciones, la Fiscalía busca ejecutar las órdenes de captura y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados en el presunto entramado financiero.
