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Pequeños acreedores se ilusionan con que Argentina les pague

  • 07 julio 2014 /

Una delegación ar­gentina llegó a Nueva York para reunirse con un mediador en su disputa con bonistas que no acep­taron las reestructuraciones pro­puestas por Argentina.

Buenos Aires, Argentina.

Norma La­vorato trabajo y ahorró durante décadas, pero ha pasado la ma­yor parte de sus años como ju­bilada esperando que el gobier­no de Argentina le devuelva los US$45.000 que invirtió en bo­nos soberanos y luego perdió en la gigantesca cesación de pagos de 2001.

“He tenido paciencia, mucha paciencia”, cuenta Lavorato, de 85 años, quien rechazó las mo­destas ofertas de reestructura­ción que hizo el gobierno a otros tenedores de bonos. “Trabajé por 43 años. Ese dinero es mío”.

El lunes, una delegación ar­gentina llegó a Nueva York para reunirse con un mediador en su disputa con bonistas que no acep­taron las reestructuraciones pro­puestas por Argentina luego del cese de pagos. Los holdouts, como se conose a ese grupo, están enca­bezados un pequeño número de fondos de cobertura. Sin embar­go, lo que está en juego no son sólo los US$1.500 millones adeudados a Elliott Management Corp., Au­relius Capital Management LP y Olifant Fund Ltd.

También hay cientos de fondos más pequeños y jubilados que reclaman montos mucho más modestos, y quienes también se mantuvieron firmes para recuperar el total de su in­versión. “Ahorramos mucho, mis hermanas y yo”, señala Lavorato. “Hemos esperado todo este tiem­po por el dinero”.

Las difíciles situaciones de individuos como Lavorato en general quedaron en el olvido en la implacable batalla pública de Argentina con los grandes fondos de cobertura de Estados Unidos. Gran parte de la deuda argentina que poseen estos fondos fue com­prada por poco dinero después del default, con la idea de que su valor aumentaría. No obstante, muchos bonos habían sido ven­didos previamente a argentinos comunes y corrientes que consi­deraban que la deuda soberana era una inversión segura.

Esas inversiones se desva­necieron cuando Argentina in­cumplió su pago sobre unos US$100.000 millones en 2001. La mayoría de los tenedores de bonos impagos aceptó los canjes que ofreció el gobierno en 2005 y 2010, de unos 33 centavos por dólar. Las reestructuraciones re­presentaron 93% de toda la deuda que podía ser canjeada.

Los tenedores del resto de los bonos han esperado por un me­jor acuerdo, lo que les ha valido la recriminación del gobierno, que los cataloga de capitalistas codi­ciosos que tratan de aprovechar­se del país. “Es innegociable en­tregar la patria a buitres que la quieren despedazar”, sostuvo la presidenta Cristina Kirchner en un discurso en junio.

La disputa entró en una nue­va fase el mes pasado, cuando un juez de distrito de EE.UU. bloqueó los pagos de interés que iba a rea­lizar Argentina sobre algunos bonos reestructurados, indican­do que para concretar tales pa­gos también debía pagarles a los holdouts.

Argentina tiene hasta el 30 de julio para pagar, antes de caer en otro default. Analistas afirman que por eso el país accedió a re­unirse esta semana con el media­dor, un abogado nombrado por la corte.

Lavorato no se considera un buitre, pero está entre los 13 acreedores individuales, junto con los fondos de cobertura, cu­yas demandas están sujetas a la decisión del juez. Eso significa que si Argentina realiza un pago a estos fondos,Lavorato también debería recibir su dinero.

Las críticas a los holdouts irritan a Horacio Vásquez, quien formó un grupo que representa a los bonistas individuales. Váz­quez, de 57 años, dice que los han llamado “buitrecitos” en la pren­sa local y que hace poco un medio pro gobierno, Tiempo Argentino, publicó un artículo sobre él que incluía un enlace a un video de un pichón de buitre en YouTu­be. El sitio también publicó un artículo titulado “Estos son los argentinos que están del lado de los fondos buitre”, donde se men­cionaba a Lavorato y a su herma­na de 89 años. “Nos discrimina el país que causó el problema, y aún no recibimos nuestro dinero”, expresa Vázquez, quien perdió US$73.000 —y su empleo— tras el cese de pagos.

Una vocera del Ministerio de Economía no quiso comentar so­bre el caso y los pequeños bonis­tas. Hizo referencia a declaracio­nes de funcionarios argentinos que indicaron que el país siempre estuvo dispuesto a negociar si las condiciones son justas.

Sin embargo, el gobierno ha expresado su preocupación por que cualquier acuerdo con los holdouts pueda desatar una ava­lancha de nuevas demandas.

Economistas, expertos lega­les y asesores del gobierno esti­man que pagarles a los holdouts podría costar entre US$12.000 millones y US$15.000 millones. El gobierno afirma que hay un riesgo de recibir demandas adi­cionales por hasta US$120.000 millones de inversionistas que aceptaron los canjes, un precio que no puede costear.

Otros sostienen que un acuer­do con los bonistas que no entra­ron en la reestructuración podría ser beneficioso, ya que le daría al país, que necesita efectivo, acce­so a los mercados financieros por primera vez desde 2001. “Este tema se prolongó durante tantos años que pagar sería bueno para su reputación internacional”, in­dica Louisa Richey, una consulto­ra sénior de Cefeidas Group, una firma de asesoría sobre riesgo en Buenos Aires.

Si los pequeños bonistas que no aceptaron los canjes de deuda logran un mejor acuerdo, la situa­ción podría ser difícil de digerir para los miles de bonistas que acordaron renunciar a la mayor parte de su dinero en las reestruc­turaciones.

Uno de ellos es José Lan­di, de 71 años, quien invirtió US$50.000 en bonos tras ver avisos del gobierno que insta­ban a los argentinos a comprar deuda soberana. “Apoyé a mi país, pero nunca me pagaron”, afirmó el abogado de Buenos Ai­res, quien luego de nueve años aceptó alrededor de 30% de la suma original.“Si esos bonistas recuperan todo su dinero, bueno, hicieron un esfuerzo grande al esperar tanto”, asevera.“Tienen más suerte que yo”.