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Surge un claro consenso en Argentina: pagar la deuda

  • 02 julio 2014 /

El gobierno tiene hasta fines de julio para llegar a un acuerdo o incumpliría sus obliga­ciones por segunda vez en 13 años.

Buenos Aires, Argentina.

Argentina lucha con una economía que se desmorona y con el riesgo de una cesación de pagos de su deuda so­berana. En medio de ese clima, ha surgido un consenso rotundo en­tre la clase empresarial, políticos del partido oficialista y ciudadanos comunes y corrientes: la presiden­ta Cristina Fernández de Kirchner tendría que llegar a un acuerdo sobre los US$1.500 millones que el país le debe a los bonistas que se resistieron a otras reestructu­raciones ofrecidas por el gobierno, y debe hacerlo pronto.

El gobierno, que empezó a nego­ciar con un pequeño grupo de fondos de cobertura el lunes en Nueva York, tiene hasta fines de julio para llegar a un acuerdo o incumpliría sus obliga­ciones por segunda vez en 13 años.

La perspectiva, terrible para un país con una economía en recesión y con una de las tasas de inflación más altas del mundo, hace que tan­to aliados como detractores de la presidenta estén a favor de que Ar­gentina cumpla una orden del juez estadounidense Thomas Griesa.

El magistrado decidió que Argentina debía pagar a los fondos de cober­tura que exigen la cancelación de los bonos que cayeron en default de manera simultánea con el pago que Buenos Aires tiene previsto hacer a inversionistas con deuda reestruc­turada tras la cesación de pagos del país en 2001.

“La solución es llegar a un acuer­do y la solución es pagar, obviamente”, dijo en te­levisión Daniel Scioli, go­bernador de la provincia de Buenos Aires y figura central del movimiento peronista de Fernández de Kirchner.

Por años, Fernández de Kirchner prometió que nunca pagaría a los inversionistas que llama “fondos buitres” —fon­dos de cobertura lidera­dos por Elliott Management Corp. y Aurelius Capital Management LP, que adquirieron bonos en cesación de pagos a precios rebajados con la esperanza de recibir el pago de su valor nominal total.

Su resistencia no tuvo mayores consecuencias en los últimos años porque Argentina vivía un auge, generando exporta­ciones récord de soya que le per­mitieron un gasto público genero­so. Eso elevó la popularidad de la presidenta y en 2011 fue reelecta de manera abrumadora.

Pero su amarga derrota frente a los fondos de cobertura en los tribu­nales de Estados Unidos ha coincidi­do con el aumento de los problemas económicos y políticos en Argenti­na. Hace unos días, su vicepresidente, Amado Boudou, fue acusado de soborno y cohecho. La tasa de aprobación de la mandataria se hundió a 26%, informó hace poco la encuestadora Manage­ment & Fit, y dos tercios de los argentinos prevén que la economía empeo­re en los próximos seis meses.

Una resolución del caso daría al país, que sufre de pro­blemas de liquidez y ha registrado una reducción de sus reservas de US$53.000 millones en enero de 2011 a US$29.000 millones, acceso a los mercados financieros por pri­mera vez desde 2001.

Fernández de Kirchner ha dicho que su gobierno quiere pagar sus deudas, pero sus asesores han seña­lado que llegar a un acuerdo con los fondos de cobertura podría desatar otros reclamos que costarían miles de millones de dólares más.

Con 18 meses por delante en el cargo, Fernández de Kirchner ha di­cho públicamente que está ansiosa por dejar una presidencia sin pro­blemas, lo que sería poco probable si entrega el poder en medio de una crisis económica. Para muchos ar­gentinos, la mandataria y su difunto esposo y predecesor, Néstor Kirch­ner, fueron los salvadores de la pa­tria por haber supervisado la recu­peración de Argentina después del default.

“Si el gobierno no llega a un acuerdo con los bonistas que se re­sistieron al canje, su legado se cae­rá en pedazos”, dijo Nicolás Solari, analista político. “El gobierno se hizo cargo de la deuda durante una profunda crisis y la cesación de pa­gos de hace una década y siempre se jactó de haber solucionado esos problemas. Ahora corre el riesgo de dejar el poder en medio de otro de­fault y crisis económica”.

Los partidarios de una solución dicen que Argentina no tiene otra opción. “No podemos permitir que esta situación continúe por mucho tiempo”, dijo Eduardo Buzzi, presi­dente de la Federación Agraria Ar­gentina. “De una forma u otra, tene­mos que normalizar esta situación. Se pone la economía en riesgo. Si el país cae en cesación de pagos, au­mentarán los costos de financia­miento y elevará la incertidumbre sobre el tipo de cambio”.

Y no son sólo las empresas las que creen que es hora de que el go­bierno deje de lado su orgullo. La en­cuestadora Poliarquía dio a conocer hace poco un sondeo que muestra que 80% de los argentinos está pre­ocupado por una posible cesación de pagos y 65% dice que el país simple­mente debe pagar.

Personas como Michael Larrea­tegui, un empleado de ventas de 24 años, ha notado que el peso se ha debilitado en el influyente mercado negro, donde las empresas y los ar­gentinos comunes suelen ir a com­prar dólares y protegerse contra la inflación.

“El problema es relevante para los argentinos comunes porque afecta nuestro costo de vida”, dijo. “Si no resuelven este problema, la inflación podría empeorar”.