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El lanzamiento de la plataforma digital ‘Guardianes silenciados’ marcó un hito en los esfuerzos por visibilizar la violencia contra personas defensoras del ambiente en Honduras, uno de los países más peligrosos del continente para esta labor. Impulsada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la herramienta reunirá información histórica, datos actualizados, rutas de denuncia y perfiles de defensores asesinados, con el objetivo de fortalecer la respuesta institucional y ciudadana frente a un problema estructural que permanece, en gran medida, impune.
La plataforma surge en un contexto alarmante. Entre 2015 y 2025 se documentaron al menos 103 asesinatos de defensores ambientales en el país, más del 30 % concentrados en el departamento de Colón. Los crímenes están vinculados principalmente a conflictos por tierra, tala ilegal, concesiones mineras inconsultas y la presencia de actores armados, en un escenario donde más del 90 % de los casos no ha sido resuelto judicialmente.
‘Guardianes silenciados’ forma parte del proyecto Justicia ambiental y protección a defensores ambientales, desarrollado con el apoyo de la Embajada Británica en Guatemala. Además de sistematizar información, la plataforma apuesta por narrativas humanas que permitan comprender el impacto real de la violencia y el abandono estatal sobre comunidades enteras, trascendiendo la lógica de la estadística fría.
En el mismo espacio se presentó el estudio-libro ‘Entre la ley y el abandono: Patrones de respuesta estatal y acceso a la justicia para personas defensoras del ambiente en Honduras’, una investigación que analiza cómo actúan —o dejan de actuar— las instituciones frente a los ataques contra defensores. El estudio examina fallas en la prevención, la protección, la investigación y la sanción de estos crímenes, evidenciando una brecha persistente entre el marco legal y su aplicación efectiva.
El documento expone que, al 31 de diciembre de 2024, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró 284 ataques contra 319 víctimas, de las cuales el 69 % eran personas defensoras de derechos humanos, muchas dedicadas a la defensa del territorio y el medio ambiente. Entre 2022 y 2025, alrededor de 35 defensores ambientales perdieron la vida de forma violenta, según registros del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
La investigación profundiza en tres casos emblemáticos seleccionados por reflejar con claridad los patrones de riesgo e impunidad: María Enriqueta Matute, lideresa indígena tolupán; Santos Hipólito Rivas, dirigente campesino del Bajo Aguán; y Juan Bautista Silva Hernández, defensor comunitario del bosque. Aunque ocurrieron en distintos años y regiones, los asesinatos comparten amenazas previas no atendidas, criminalización de líderes comunitarios y ausencia de investigaciones sobre la autoría intelectual.
Durante la presentación, se subrayó que tanto el estudio como la plataforma buscan ir más allá del diagnóstico. La intención es generar evidencia que sustente propuestas concretas de política pública y mecanismos de protección más eficaces, así como facilitar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
Con la participación del experto internacional Federico Chunga y de representantes nacionales del ámbito de seguridad y justicia, el encuentro dejó claro que la violencia contra defensores ambientales no es un fenómeno aislado, sino un problema estructural. ‘Guardianes silenciados’ y ‘Entre la ley y el abandono’ se presentan así como herramientas complementarias para romper el silencio, preservar la memoria y exigir que la ley deje de ser una promesa incumplida para quienes defienden la vida y el territorio en Honduras.
