Nueva York, Estados Unidos.
La Corte Suprema de Estados Unidos asestó a Argentina un duro golpe en su larga batalla contra un reducido grupo de acreedores en una decisión que podría sentar las bases para que el país sudamericano se declare en cesación de pagos por segunda vez desde 2001.
Los jueces rechazaron el lunes la apelación de Argentina contra una decisión de un tribunal inferior que determinó que el país no puede pagar los nuevos bonos que emitió para reestructurar su deuda en 2005 y 2010 si al mismo tiempo no les paga a los fondos de cobertura que se negaron a aceptar los nuevos títulos con una reducción de sus acreencias tras la cesación de pagos de 2001.
Ahora, Argentina tiene hasta fin de mes para alcanzar un acuerdo con los acreedores rebeldes, o no hacer el próximo pago de su deuda, que vence el 30 de junio, y caer de nuevo en cese de pagos.
El fallo estremeció los mercados argentinos, pero tuvo escasas repercusiones más allá de sus fronteras, lo que refleja el aislamiento del país del sistema financiero global. Los precios de ciertos bonos argentinos llegaron a caer 10% mientras que el Merval, el principal índice de la Bolsa de Buenos Aires, perdió 10%.
La decisión judicial constituye un giro fundamental en una amarga disputa del gobierno argentino contra unos pocos fondos de cobertura con amplios recursos a su disposición que han sido inflexibles en su insistencia de recibir un pago total por sus activos.
Los inversionistas han seguido el caso de cerca puesto que puede sentar un precedente legal para futuras reestructuraciones de deuda soberana, así como para evaluar la capacidad de Argentina de regresar a los mercados de capitales para aliviar la escasez de dólares en el país.
A medida que la disputa ha recorrido los vericuetos del sistema judicial estadounidense, los gestores de fondos también han comprado y vendido bonos de Argentina, beneficiándose de las violentas oscilaciones en los precios de los títulos que se producían después de cada giro.
Los fondos de cobertura rebeldes han llegado a extremos para recuperar su dinero. Los acreedores intentaron confiscar el avión presidencial en 2007. NML Capital Ltd., que es parte de Elliott Management Corp., logró que la justicia de Ghana retuviera en 2012 y durante 76 días la Fragata Libertad, buque escuela de la Armada Argentina, y ha tratado de impedir que el país lance un par de satélites al espacio.
La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se ha negado a negociar con los acreedores a los que ha catalogado de “buitres”.
Kirchner tiene ahora por delante un menú limitado de opciones políticamente difíciles de digerir. Por una parte, puede pagarles lo que les adeuda a los fondos de cobertura, negociar un pacto con ellos o anunciar una cesación de pagos a fin de mes. Al cierre de esta edición el país esperaba un mensaje de Kirchner por cadena nacional.
“El proceso judicial en Estados Unidos se acabó”, asevera Marco Schnnabl, socio del estudio Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. “Lo que ocurra a partir de ahora es un tema político”.
Durante su crisis institucional y financiera de 2001, Argentina se declaró en cesación de pagos por alrededor de US$100.000 millones de su deuda. En 2005, y luego en 2010, a cambio de los bonos que no pagó el país ofreció a los tenedores un nuevo título con valores equivalentes a 36 centavos por cada dólar de la deuda original. Entre los dos canjes, Argentina alcanzó un acuerdo con acreedores por cerca de 93% de la deuda en default.
Además de decidir no tomar en cuenta la apelación de Argentina, en otra decisión relacionada la Corte Suprema estadounidense falló que NML puede tener acceso a los registros bancarios de Argentina sobre sus activos internacionales. NML trata de cobrar los fallos judiciales vinculados a la cesación de pagos.
La decisión representa una clara victoria para los fondos de cobertura que han estado luchando contra Argentina, un grupo que incluye a Elliott así como a Aurelius Capital Management LP al reducir las probabilidades de que alcancen un acuerdo con Argentina, dijo una fuente cercana.
NML indicó en un comunicado emitido después del fallo que “es hora de que Argentina honre sus compromisos con los acreedores, lo que beneficiaría no sólo a la economía de Argentina sino a su prestigio internacional”.
A menos que Argentina esté dispuesta a negociar un acuerdo con los fondos acreedores, podría no hacer un pago de los bonos a 30 años que vence el 30 de junio. De ocurrir, eso marcaría la segunda cesación de pagos en 13 años y podría afectar los US$54.800 millones de deuda argentina en circulación, dijeron analistas.
“Es el escenario más negativo que podría haber ocurrido” para Argentina, dice Peter Lannigan, director ejecutivo de la firma de valores CRT Capital Group LLC.
Pese a los aprietos financieros de Argentina, los inversionistas oportunistas se han sentido atraídos por los jugosos retornos que ofrece su deuda soberana, que son altos en relación a los de otros países para compensar el mayor riesgo que representa el país. La apuesta rindió frutos el año pasado, cuando los bonos argentinos en el Índice de Bonos de Mercados Emergentes de J.P. Morgan anotaron un retorno de 19%, mientras que el índice más amplio cayó 6,6%.
Algunos tenedores de los bonos reestructurados de Argentina creen que el país conseguirá más tiempo y evitará una nueva cesación de pagos. “La probabilidad de un default técnico se exagera”, dice Diego Ferro, codirector de inversión de Greylock Capital, un especialista en deuda en problemas que gestiona US$850 millones y posee una variedad de deuda argentina. “No creo que ocurra”.
Henry Weisburg, socio y abogado litigante internacional en el bufete de abogados Shearman & Sterling LLP, dice que el caso podría tener un impacto imperceptible sobre otros bonos fuera de Argentina porque la situación de ese país es única. “Va a ser muy raro que alguien se ponga a sí mismo en esta situación”, afirma. “Esta es, al menos por el momento, una regla de Argentina”.
La Corte Suprema de Estados Unidos asestó a Argentina un duro golpe en su larga batalla contra un reducido grupo de acreedores en una decisión que podría sentar las bases para que el país sudamericano se declare en cesación de pagos por segunda vez desde 2001.
Los jueces rechazaron el lunes la apelación de Argentina contra una decisión de un tribunal inferior que determinó que el país no puede pagar los nuevos bonos que emitió para reestructurar su deuda en 2005 y 2010 si al mismo tiempo no les paga a los fondos de cobertura que se negaron a aceptar los nuevos títulos con una reducción de sus acreencias tras la cesación de pagos de 2001.
Ahora, Argentina tiene hasta fin de mes para alcanzar un acuerdo con los acreedores rebeldes, o no hacer el próximo pago de su deuda, que vence el 30 de junio, y caer de nuevo en cese de pagos.
El fallo estremeció los mercados argentinos, pero tuvo escasas repercusiones más allá de sus fronteras, lo que refleja el aislamiento del país del sistema financiero global. Los precios de ciertos bonos argentinos llegaron a caer 10% mientras que el Merval, el principal índice de la Bolsa de Buenos Aires, perdió 10%.
La decisión judicial constituye un giro fundamental en una amarga disputa del gobierno argentino contra unos pocos fondos de cobertura con amplios recursos a su disposición que han sido inflexibles en su insistencia de recibir un pago total por sus activos.
Los inversionistas han seguido el caso de cerca puesto que puede sentar un precedente legal para futuras reestructuraciones de deuda soberana, así como para evaluar la capacidad de Argentina de regresar a los mercados de capitales para aliviar la escasez de dólares en el país.
A medida que la disputa ha recorrido los vericuetos del sistema judicial estadounidense, los gestores de fondos también han comprado y vendido bonos de Argentina, beneficiándose de las violentas oscilaciones en los precios de los títulos que se producían después de cada giro.
Los fondos de cobertura rebeldes han llegado a extremos para recuperar su dinero. Los acreedores intentaron confiscar el avión presidencial en 2007. NML Capital Ltd., que es parte de Elliott Management Corp., logró que la justicia de Ghana retuviera en 2012 y durante 76 días la Fragata Libertad, buque escuela de la Armada Argentina, y ha tratado de impedir que el país lance un par de satélites al espacio.
La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se ha negado a negociar con los acreedores a los que ha catalogado de “buitres”.
Kirchner tiene ahora por delante un menú limitado de opciones políticamente difíciles de digerir. Por una parte, puede pagarles lo que les adeuda a los fondos de cobertura, negociar un pacto con ellos o anunciar una cesación de pagos a fin de mes. Al cierre de esta edición el país esperaba un mensaje de Kirchner por cadena nacional.
“El proceso judicial en Estados Unidos se acabó”, asevera Marco Schnnabl, socio del estudio Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. “Lo que ocurra a partir de ahora es un tema político”.
Durante su crisis institucional y financiera de 2001, Argentina se declaró en cesación de pagos por alrededor de US$100.000 millones de su deuda. En 2005, y luego en 2010, a cambio de los bonos que no pagó el país ofreció a los tenedores un nuevo título con valores equivalentes a 36 centavos por cada dólar de la deuda original. Entre los dos canjes, Argentina alcanzó un acuerdo con acreedores por cerca de 93% de la deuda en default.
Además de decidir no tomar en cuenta la apelación de Argentina, en otra decisión relacionada la Corte Suprema estadounidense falló que NML puede tener acceso a los registros bancarios de Argentina sobre sus activos internacionales. NML trata de cobrar los fallos judiciales vinculados a la cesación de pagos.
La decisión representa una clara victoria para los fondos de cobertura que han estado luchando contra Argentina, un grupo que incluye a Elliott así como a Aurelius Capital Management LP al reducir las probabilidades de que alcancen un acuerdo con Argentina, dijo una fuente cercana.
NML indicó en un comunicado emitido después del fallo que “es hora de que Argentina honre sus compromisos con los acreedores, lo que beneficiaría no sólo a la economía de Argentina sino a su prestigio internacional”.
A menos que Argentina esté dispuesta a negociar un acuerdo con los fondos acreedores, podría no hacer un pago de los bonos a 30 años que vence el 30 de junio. De ocurrir, eso marcaría la segunda cesación de pagos en 13 años y podría afectar los US$54.800 millones de deuda argentina en circulación, dijeron analistas.
“Es el escenario más negativo que podría haber ocurrido” para Argentina, dice Peter Lannigan, director ejecutivo de la firma de valores CRT Capital Group LLC.
Pese a los aprietos financieros de Argentina, los inversionistas oportunistas se han sentido atraídos por los jugosos retornos que ofrece su deuda soberana, que son altos en relación a los de otros países para compensar el mayor riesgo que representa el país. La apuesta rindió frutos el año pasado, cuando los bonos argentinos en el Índice de Bonos de Mercados Emergentes de J.P. Morgan anotaron un retorno de 19%, mientras que el índice más amplio cayó 6,6%.
Algunos tenedores de los bonos reestructurados de Argentina creen que el país conseguirá más tiempo y evitará una nueva cesación de pagos. “La probabilidad de un default técnico se exagera”, dice Diego Ferro, codirector de inversión de Greylock Capital, un especialista en deuda en problemas que gestiona US$850 millones y posee una variedad de deuda argentina. “No creo que ocurra”.
Henry Weisburg, socio y abogado litigante internacional en el bufete de abogados Shearman & Sterling LLP, dice que el caso podría tener un impacto imperceptible sobre otros bonos fuera de Argentina porque la situación de ese país es única. “Va a ser muy raro que alguien se ponga a sí mismo en esta situación”, afirma. “Esta es, al menos por el momento, una regla de Argentina”.