Los beneficios fiscales que el Régimen de Importación Temporal (RIT) otorga a las empresas acogidas a este, finalizan en 2025.
El decreto 278-2013 (Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión) señala en su artículo 23 que hasta 12 años se podía gozar de los privilegios en materia fiscal cuando la ley que otorgue el beneficio no contemple el plazo de duración, abarcando las empresas amparadas bajo el RIT, creada en 1984.
La normativa que data de 11 años limita para que los beneficiarios del régimen gocen de exoneraciones por 12 años que finalizarían en 2025 y 12 meses posteriores para aquellas empresas favorecidas, después de la vigencia del decreto.
De acuerdo con el decreto 37 de 1984, el RIT busca la promoción de las exportaciones a través de empresas que no reciben beneficios en otras leyes.
De los siete regímenes fiscales creados en el país quedan suspendidos el pago de derechos aduaneros, impuesto general de venta, incluyendo otros impuestos a la importación de materias primas, productos semielaborados, empaques y otros insumos para producir los bienes o servicios que se envíen a países no centroamericanos.
Además, se encuentran exoneradas la maquinaria, equipo, moldes, herramientas, repuestos y accesorios para ensamblar, transformar, modificar o producir los bienes o servicios destinados a la exportación a naciones que no sean de la región.
En 2016 se le autoriza las ventas en el mercado interno como parte de las reformas aprobadas.
“Las empresas que están instaladas en Honduras y se benefician de regímenes como el RIT compiten con otras empresas que están en otros países que les otorgan beneficios similares o hasta mejores; al perder los beneficios del RIT esas empresas quedarán en una marcada desventaja ”, expresó el exdirectivo del Cohep, Guy de Pierrefeu.
El empresario instó que “lo lógico sería que el Congreso Nacional analizara bien el impacto de esta actividad de las empresas del régimen RIT y apruebe una nueva ley que permita que sigan operando.
“Las empresas que gozan o entran a estos regímenes se les van renovando (los privilegios) a menos que no quieran o dejen de operar en el país, es casi automático, pero un arma de doble filo porque como puede ser bueno cuando las empresas están trabajando adecuadamente y también puede ser nocivo por la cantidad de dinero que el Estado dejará de percibir en concepto de impuestos exonerados”, consideró el economista Martín Barahona.
La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE) Liliana Castillo reiteró que es necesaria la revisión de las exoneraciones que se otorgan a nivel nacional porque se ha hecho un mal uso de estas, donde Honduras figura como el país que más beneficios fiscales concedió equivalente a un 7% del Producto Interno Bruto (PIB) y en el resto de la región totalizan el 3.5%, reflejando una reducción gradual.
“A veces, aunque los beneficios fiscales sean altos la inversión no viene por otros factores como la inseguridad jurídica y ciudadana, costo de la energía, dificultad para obtener divisas, entre otros”, destacó.
