La Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, ordenó ayer intervenir por segunda vez la aduana de Toncontín.
El propósito es continuar con la investigación del irregular redestino de 400 contenedores de mercaderías que ingresaron procedentes de El Amatillo y Puerto Cortés.
A la vez, la directora de Aduanas, Sandra Ávila, informó que 10 empleados suspendidos desde el 2 de marzo por su supuesta vinculación en ese caso y restituidos el pasado 30 de junio por orden de la Corte de lo Contencioso Administrativo, han sido trasladados de sus puestos a las oficinas centrales de la DEI.
Julio César Pinto, uno de los empleados suspendidos, respondió que las autoridades de la DEI no tienen pruebas contundentes que los involucren en el irregular redestino de mercaderías procedentes de Panamá y lo que han hecho es por falta de conocimiento del director de Ingresos, Armando Sarmiento.
Agregó que no hay corrupción en esa aduana terrestre, lo que existe es un “relajo” provocado por los funcionarios de la DEI.
El “furgonazo”
Tal como lo adelantó ayer este rotativo, la directora de Aduanas confirmó el redestino de mercaderías en Toncontín y en la que las pérdidas al fisco superan 100 millones de lempiras.
Para llegar al final del caso, la Dirección de Ingresos nombró una comisión interventora coordinada por Máximo Arzú, quien apoyará a la gerente de esa aduana, Rosa María Borjas.
Dato
Entre los dueños de las mercancías están conocidos dirigentes del Partido Liberal, propietarios de centros comerciales.
