San Pedro Sula. Luego de varios días en los que se ha especulado con el destino que tendrán seis fincas camaroneras y una empacadora que el Gobierno aún no subasta, salieron al paso los empleados de esas empresas, que presentarán la propuesta de convertirse en propietarios de las instalaciones.
La pretensión fue anunciada ayer por Jorge Varela, gerente de la Comisión para la Protección de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca, Codefagolf, quien confirmó que los trabajadores “están pidiéndole al Gobierno que no las dé en subasta, si no que se las dé a ellos en venta, y que ellos la van a pagar mediante la producción que están seguros que van a sacar”.
El dirigente dijo que los empleados tienen las credenciales para echar a andar el proyecto; “los empleados tienen toda la capacidad adquirida a lo largo de diez años en el manejo de las fincas y las han hecho producir. Además, ellos son los trabajadores”, explicó Varela.
En total, los empleados de las fincas son unos 200, además de los pescadores que se sumarían al proyecto.
Las compañías, valoradas en unos 160 millones de lempiras y ubicadas en los departamentos de Choluteca y Valle, se han convertido en el centro de interés de empresarios, políticos, funcionarios y empleados, según fuentes oficiales. El valor en libro de esos bienes nacionales es de 121.7 millones de lempiras.
Las siete empresas fueron propiedad del desaparecido Banco Corporativo, S.A., Bancorp, y adquiridas por el Estado de Honduras después de haber destinado 1,150 millones de lempiras para cancelar los recursos que los cuentahabientes tenían en esa institución financiera declarada en liquidación forzosa.
El acuerdo legislativo para someter las empresas a un proceso de subasta ocurrió en agosto de 2008 y fue publicado en La Gaceta en febrero del año siguiente, pero aún no se ha dado el proceso.
Problemas
La tardanza en la ejecución del Gobierno ha causado un conflicto con la administración de ese grupo de empresas, ya que los empleados han estado tomándose las propiedades, derivando en acciones legales por el delito de usurpación.
La oficina regional de la Procuraduría General de la República en Choluteca citó ayer a las partes en conflicto para buscar un arreglo derivado de la toma de cinco fincas por los jornaleros, lo que tiene en riesgo la cosecha de 1.2 millones de libras de camarón.
San Pedro Sula. Luego de varios días en los que se ha especulado con el destino que tendrán seis fincas camaroneras y una empacadora que el Gobierno aún no subasta, salieron al paso los empleados de esas empresas, que presentarán la propuesta de convertirse en propietarios de las instalaciones.
La pretensión fue anunciada ayer por Jorge Varela, gerente de la Comisión para la Protección de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca, Codefagolf, quien confirmó que los trabajadores “están pidiéndole al Gobierno que no las dé en subasta, si no que se las dé a ellos en venta, y que ellos la van a pagar mediante la producción que están seguros que van a sacar”.
El dirigente dijo que los empleados tienen las credenciales para echar a andar el proyecto; “los empleados tienen toda la capacidad adquirida a lo largo de diez años en el manejo de las fincas y las han hecho producir. Además, ellos son los trabajadores”, explicó Varela.
En total, los empleados de las fincas son unos 200, además de los pescadores que se sumarían al proyecto.
Las compañías, valoradas en unos 160 millones de lempiras y ubicadas en los departamentos de Choluteca y Valle, se han convertido en el centro de interés de empresarios, políticos, funcionarios y empleados, según fuentes oficiales. El valor en libro de esos bienes nacionales es de 121.7 millones de lempiras.
Las siete empresas fueron propiedad del desaparecido Banco Corporativo, S.A., Bancorp, y adquiridas por el Estado de Honduras después de haber destinado 1,150 millones de lempiras para cancelar los recursos que los cuentahabientes tenían en esa institución financiera declarada en liquidación forzosa.
El acuerdo legislativo para someter las empresas a un proceso de subasta ocurrió en agosto de 2008 y fue publicado en La Gaceta en febrero del año siguiente, pero aún no se ha dado el proceso.
Problemas
La tardanza en la ejecución del Gobierno ha causado un conflicto con la administración de ese grupo de empresas, ya que los empleados han estado tomándose las propiedades, derivando en acciones legales por el delito de usurpación.
La oficina regional de la Procuraduría General de la República en Choluteca citó ayer a las partes en conflicto para buscar un arreglo derivado de la toma de cinco fincas por los jornaleros, lo que tiene en riesgo la cosecha de 1.2 millones de libras de camarón.
