Tegucigalpa. El servicio de deuda, que incluye el pago de los intereses y el capital de los préstamos públicos, podría llegar hasta los 22,000 millones de lempiras a partir del próximo año, advierten analistas.
Uno de esos analistas es Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central de Honduras, quien considera que este indicador registrará un acelerado crecimiento en el mediano plazo.
“Las cantidades que se están programando para honrar los compromisos con los acreedores internos y externos son elevadas”, subrayó el entrevistado.
Para este año se han programado L17,813.5 millones para cubrir el pago de capital e intereses de la deuda pública del Gobierno, o sea el 19.9% del presupuesto aprobado, que es de 89,544.4 millones.
En 2012, el servicio de la deuda pública ejecutado fue de L13,170.3 millones. De mantener esa tendencia, el presupuesto para cancelar la deuda a los acreedores nacionales e internacionales oscilará entre L20,000 y L22,000 millones durante 2014.
Solo el pago del bono soberano de $500 millones de dólares absorberá $75 millones en el pago de intereses de deuda pública.
Exfuncionarios y economistas consultados coinciden en que la administración del presidente Porfirio Lobo solo cuenta con medios de pagos suficientes para honrar sus compromisos en el presente año.
Deterioro fiscal
Las fuentes coinciden también en que en 2014 la situación fiscal experimentará un marcado deterioro por el enorme peso de la deuda pública, lo que generará problemas de pago.
La administración Lobo inicialmente había estimado un déficit fiscal neto de 4.5% del PIB para el ejercicio 2013; sin embargo, en julio pasado esa variable fue ajustada hacia arriba para quedar en 6%.
No obstante, el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada consideran que el déficit puede oscilar entre 7% y 8% del PIB.
En 2012, la administración central cerró con déficit de 6% (L21,516.6 millones) del PIB, superando el 3.5% estimado en el Programa Monetario 2012-2013.
Históricamente, los Gobiernos pierden la disciplina fiscal en los años electorales, factor que los expertos consideran un agravante del excesivo gasto.
