Las últimas indagaciones en torno a la muerte de la jueza de Sentencia Alba Leticia Bueso apuntan a que le habrían quitado la vida en represalia por un caso de pandilleros.
Una de las cosas que habría incidido para que tomarán la decisión de ultimar a la operadora de justicia es que era severa en los casos de mareros.
Las autoridades policiales indicaron que siempre se mantiene firme la tesis de que a Bueso la victimaron miembros de la pandilla MS con la colaboración de individuos dedicados al sicariato que operan con ellos.
El fin de semana las autoridades de Investigación ejecutaron varios operativos en diferentes barrios de la ciudad en busca de los autores de la muerte de la jueza.
En los operativos los agentes detuvieron a nueve personas que supuestamente tienen nexos con esa pandilla y sobre las cuales había sospechas que tenían algún tipo de vinculación con el crimen de la funcionaria judicial.
Otros delitos
De los detenidos sólo cinco fueron puestos a la orden de la Fiscalía, pero por otros delitos.
Uno de los detenidos es el pintor de carros Omar Rivera López, en cuya casa encontraron una granada de fragmentación y varios gramos de cocaína. En el operativo que apresaron el sábado a Rivera también detuvieron a Edwin Edgardo Arita, Lucio Medardo Miranda, a la joven Maryuri Rodríguez y a cuatro personas más.
Ayer en horas de la mañana apresaron a otro pandillero para investigarlo por el asesinato de la togada, pero al final lo pusieron a la orden de la Fiscalía por el delito de asociación ilícita.
La Policía de Investigación manejaba la información de que algunos de los detenidos estaban ligados al grupo de mareros que se encargó de matar a la jueza y que tenían planeado ultimar a un abogado de apellido Chinchilla que reside en El Progreso.
La Fiscalía acusó al pintor de carros, a la joven Maryuri Rodríguez y a Edwin Edgardi Arita por los delitos de tráfico de droga, asociación ilícita y posesión ilegal de explosivos.
Otras tesis
La Policía de Investigación mandó a Lucio Medardo Miranda a los juzgados porque sobre él pendía una orden de captura por el delito de homicidio en perjuicio de Juan Ramón Palacios.
Las autoridades de ese cuerpo de seguridad indicaron que todavía manejan varias tesis en torno al móvil de la muerte de la jueza y por eso están investigando los casos que llevaba y sus actividades personales.
La jueza fue acribillada a balazos el pasado martes en el barrio Medina cuando se conducía en su carro tipo turismo color azul.
Las indagaciones de la Policía establecen que en el crimen participaron varios individuos. La abogada Alba Leticia Bueso era miembro de la sala C del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula y antes de ser jueza se desempeñó como fiscal del Ministerio Público e inspectora de tribunales.
Ayer, miembros de la Asociación de Jueces de Honduras y del Colegio de Abogados señalaron que el próximo miércoles harán una marcha para exigir que la investigación sea reforzada a fin de que los crímenes contra el gremio no queden impunes.
