San Pedro Sula, Honduras.
Contradicción de los testigos en sus declaraciones e inconsistencias en las investigaciones son algunos de los señalamientos que hacen los abogados defensores de los alcaldes de los municipios de Jocón y El Negrito, en Yoro, en contra del Ministerio Público, ya que después de acusarlos por asesinatos y de ser líderes de bandas fueron dejados en libertad por jueces con jurisdicción nacional. Esto por falta de pruebas.
Además de los alcaldes que fueron capturados y enviados a prisión en diferentes fechas está el caso del hijo menor de edad de Luis Alonso Valle Valle, extraditado a Estados Unidos. En este caso tampoco la Fiscalía pudo demostrar su participación en tres crímenes. Un equipo de investigadores dirigidos por fiscales de Tegucigalpa realizaron diligencias y allanaron la casa de Santos Gabriel Elvir Arteaga, alcalde de Jocón, pues tenía una orden de captura por asesinato emitida el 4 de agosto del año pasado.
Los agentes continuaron con las diligencias, entre ellas las exhumación de víctimas, con el fin de encontrar algún indicio que ayudara en el fortalecimiento del proceso acusatorio.
El jefe edilicio no fue encontrado en la vivienda y fue hasta abril de 2016, después de andar prófugo, que decidió presentarse a los juzgados.
En la audiencia inicial, los testigos que presentó la Fiscalía entraron en contradicciones sobre lo que había ocurrido.
Al alcalde Santos Gabriel Arteaga la Fiscalía lo acusaba por asesinatos ocurridos el primero de noviembre de 2014 y el 27 de marzo de 2015, y entre las víctimas está el exregidor Wilmer Geovany Puerto Fúnez.
Un testigo protegido de la Fiscalía, según la acusación, aseguraba haber escuchado al alcalde dar la orden para asesinar al exregidor que conducía un vehículo en el que viajaban 14 personas.
El testigo que vio todo el movimiento de los supuestos hechores dijo que estaba arreglando una cerca de un predio. Pero la defensa del funcionario municipal llevó al dueño de la propiedad que aseguró no haber contratado a nadie para hacer trabajos, pues nunca le había puesto una cerca a su terreno, ya que era muy extenso.
Ese testimonio y las contradicciones de los demás testigos permitieron que el juez decretara sobreseimiento provisional a favor de Elvir Arteaga.
Similar situación ocurrió al alcalde de El Negrito, Delvin Leonardo Salgado Fuentes, acusado del asesinato de Marco Antonio Chávez Ochoa, hecho ocurrido el 13 de junio de 2013. El abogado defensor, Marlon Duarte, en la audiencia inicial hace una semana, mostró documentos que ese día del crimen el alcalde no estaba en El Negrito, sino en un hotel en La Ceiba con parientes y amigos de los cuales uno fue a dar fe de eso.
Otra de las pruebas que favoreció al acusado es que los testigos de la Fiscalía no fueron contundentes y no ubicaron en la escena al alcalde ni otros acusados en el asesinato.
De esa forma logró un sobreseimiento definitivo por dos delitos que le imputaban.
Contradicción de los testigos en sus declaraciones e inconsistencias en las investigaciones son algunos de los señalamientos que hacen los abogados defensores de los alcaldes de los municipios de Jocón y El Negrito, en Yoro, en contra del Ministerio Público, ya que después de acusarlos por asesinatos y de ser líderes de bandas fueron dejados en libertad por jueces con jurisdicción nacional. Esto por falta de pruebas.
Además de los alcaldes que fueron capturados y enviados a prisión en diferentes fechas está el caso del hijo menor de edad de Luis Alonso Valle Valle, extraditado a Estados Unidos. En este caso tampoco la Fiscalía pudo demostrar su participación en tres crímenes. Un equipo de investigadores dirigidos por fiscales de Tegucigalpa realizaron diligencias y allanaron la casa de Santos Gabriel Elvir Arteaga, alcalde de Jocón, pues tenía una orden de captura por asesinato emitida el 4 de agosto del año pasado.
| Para recprdar
El alcalde de Sulaco, Yoro, José Adalid González Morales, aún enfrenta un proceso judicial. Está preso por sicariato, asaltos y otros delitos.
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El jefe edilicio no fue encontrado en la vivienda y fue hasta abril de 2016, después de andar prófugo, que decidió presentarse a los juzgados.
En la audiencia inicial, los testigos que presentó la Fiscalía entraron en contradicciones sobre lo que había ocurrido.
Al alcalde Santos Gabriel Arteaga la Fiscalía lo acusaba por asesinatos ocurridos el primero de noviembre de 2014 y el 27 de marzo de 2015, y entre las víctimas está el exregidor Wilmer Geovany Puerto Fúnez.
Un testigo protegido de la Fiscalía, según la acusación, aseguraba haber escuchado al alcalde dar la orden para asesinar al exregidor que conducía un vehículo en el que viajaban 14 personas.
El testigo que vio todo el movimiento de los supuestos hechores dijo que estaba arreglando una cerca de un predio. Pero la defensa del funcionario municipal llevó al dueño de la propiedad que aseguró no haber contratado a nadie para hacer trabajos, pues nunca le había puesto una cerca a su terreno, ya que era muy extenso.
Ese testimonio y las contradicciones de los demás testigos permitieron que el juez decretara sobreseimiento provisional a favor de Elvir Arteaga.
Similar situación ocurrió al alcalde de El Negrito, Delvin Leonardo Salgado Fuentes, acusado del asesinato de Marco Antonio Chávez Ochoa, hecho ocurrido el 13 de junio de 2013. El abogado defensor, Marlon Duarte, en la audiencia inicial hace una semana, mostró documentos que ese día del crimen el alcalde no estaba en El Negrito, sino en un hotel en La Ceiba con parientes y amigos de los cuales uno fue a dar fe de eso.
Otra de las pruebas que favoreció al acusado es que los testigos de la Fiscalía no fueron contundentes y no ubicaron en la escena al alcalde ni otros acusados en el asesinato.
De esa forma logró un sobreseimiento definitivo por dos delitos que le imputaban.
