La ruta 10, que abarca el corredor Ticamaya-centro de San Pedro Sula, se mantiene paralizada por cuarto día consecutivo debido a las extorsiones perpetradas por una “nueva organización” criminal.
Esta situación ha dejado a los usuarios sin opciones de transporte, obligándolos a buscar alternativas y caminar para movilizarse.
La paralización afecta a alrededor de 30 unidades del transporte urbano que operan en el corredor San Pedro Sula-Ticamaya.
Conductores y propietarios de estas unidades han denunciado la imposibilidad de continuar con el servicio debido a los cobros extorsivos impuestos por esta recién identificada organización delictiva.
Este nuevo episodio de violencia se suma a la carga económica que ya enfrentan, ya que desde hace años realizan pagos regulares a otras estructuras criminales bajo la amenaza del “impuesto de guerra”.
La población usuaria se ve obligada a buscar soluciones temporales ante la ausencia de transporte público en una de las rutas más transitadas de la zona norte de Honduras.
La incertidumbre y la preocupación crecen entre los ciudadanos, quienes se ven afectados por la interrupción constante de este servicio esencial.
Las autoridades locales han sido notificadas sobre la situación, y se espera que tomen medidas inmediatas para abordar esta problemática que afecta no solo a los conductores y propietarios de las unidades, sino también a la comunidad en general.
Gravedad
La extorsión en el transporte público es un problema grave en Honduras. Según informes oficiales, el sector del transporte ha sido golpeado por la extorsión, y solo en 2022 perdieron la vida más de 40 personas trabajadoras del transporte.
La extorsión a través del denominado “impuesto de guerra” es un flagelo que se ha ensanchado con el sector del transporte hondureño, arrebatándoles la tranquilidad al mantenerlos obligados a destinar gran parte de sus tarifas diarias a las estructuras criminales que operan en el país
