Lo único que William Omar Bonilla y Dennis Alonso Martínez, ambos de 15 años, tienen el común es que desconocidos les arrebataron la vida y a la fecha no hay quien esté pagando por sus muertes.
En junio, familiares encontraron el cuerpo del menor William Omar Bonilla a tres cuadras de su vivienda, en la aldea La Sarrosa, en el municipio de El Progreso, Yoro. El adolescente, que tenía discapacidad, fue hallado con señales de abuso y un lazo en su cuello.
Tres meses después, Dennis Martínez fue asesinado de varios impactos de bala, luego de ser raptado por desconocidos. Su cuerpo fue encontrado en la colonia Villa Cristina, en la capital.
En los últimos años, la niñez y adolescencia se ha convertido en las principales víctimas de la violencia. De acuerdo al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) el 5% de las muertes violentas que se reportan en el territorio son de menores de 18 años.
Hasta septiembre, las organizaciones defensoras de los derechos de la niñez registraban la muerte de forma violenta de 78 niños, niñas y adolescentes.
El criminólogo Wilfredo Ruiz lamenta que no hay un enfoque para proteger a la niñez y adolescencia, “no solo de muertes, hablamos también de abuso infantil, laboral, trata. Prácticamente, al gobierno no le interesan los menores de edad ni los ancianos, hay un absoluto abandono”.
Para Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Unah, cuando se asesina a un menor se está afectando al principal capital social que tiene Honduras para su desarrollo. Además, se está enviando un mensaje a las futuras generaciones que la violencia es normal para resolver los conflictos.
La violencia afecta gravemente a los niños, quienes pueden aprender a resolver conflictos de manera violenta y replicarlo en sus futuras relaciones. Además, cuando los niños son víctimas de homicidios, se perjudica al país al perder su principal capital social.
Ayestas y Ruiz coinciden que mientras no exista un plan por parte del Estado para garantizar la protección de los menores, la violencia seguirá enlutando a las familias hondureñas.
Registros de muerte de menores
Entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de septiembre de 2024, la Red Coiproden registró la muerte violenta de 1,773 personas de entre 0 y 30 años, de las cuales una quinta parte (355) eran menores de 18 años.
En 2022, Coiproden contabilizó 139 muertes violentas de menores. En 2023, la cifra apenas varió, con 138 víctimas, mientras que en los primeros nueve meses de 2024, los hechos violentos resultaron en 78 menores asesinados. Esto equivale a un promedio de 11 menores de 18 años muertos al mes en el país.
Wilmer Vásquez, director de Coiproden, reconoció que hay una leve reducción de las muertes violentas; sin embargo, la cifra sigue siendo alarmante. “Esos datos son de mucha preocupación, porque a pesar de los esfuerzos que se están haciendo por fortalecer la seguridad ciudadana, no vemos que haya una reducción tan significativa como nosotros lo esperaríamos”, lamentó.
Vásquez apuntó que la niñez y la juventud siguen siendo uno de los sectores más atacados por la violencia.
“En los últimos tres años, hemos registrado un promedio de 50 a 60 muertes violentas mensuales de personas de entre 0 y 30 años en el país. Los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Olancho son los más violentos, lo que indica que esta violencia ha persistido afectando a la niñez y la juventud”, agregó.
El defensor de la niñez recordó que hay una política enfocada en la prevención de la violencia hacia la niñez y la juventud que se aprobó en 2013; pero no se ha logrado avanzar en su ejecución, debido a la falta de recursos para desarrollar las estrategias.
Desplazamiento por la violencia
La violencia en Honduras ha obligado a muchas familias a huir, tanto dentro como fuera del país. En 2023, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) recibió alrededor de 1,200 quejas relacionadas con niños en riesgo y desplazamiento.
Estas quejas reflejan el grave problema de reclutamiento y vinculación forzada de menores por parte de grupos criminales, según el estudio “La Tarea Pendiente” de ACNUR y la Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO).
Según el estudio, muchas niñas, niños y adolescentes son obligados, mediante el uso de la violencia, coacción e intimidación, a realizar actividades en beneficio de grupos criminales como maras y pandillas.
Aunque se desconoce cuántos menores salen del país anualmente, las cifras de niños hondureños migrantes retornados evidencian la situación. Cada año, entre 12,000 y 15,000 niños y niñas regresan al país.
En los últimos tres años, aproximadamente 29,300 menores han retornado al territorio, según estimaciones de las organizaciones defensoras de la niñez
Los defensores de niños, niñas y adolescentes expresaron que es urgente que el Estado fortalezca y garantice la protección a los menores.
En el país existe el sistema para garantizar derechos a los niños: Sistema Integral de Garantía de Derechos de Niños y Niñas en Honduras; sin embargo, necesita ser fortalecido, opinó Óscar Paz, gerente nacional del programa técnico de prevención de violencia, de Visión Mundial Honduras.
“Para proteger a los niños y reducir la violencia que los afecta, necesitamos promover una cultura de paz y convivencia, resolviendo los conflictos de manera pacífica en el hogar, la escuela, la comunidad y el país”, señaló.
