Ante nuevas amenazas y el intento de otro atentado contra uno de los buses de la empresa Catisa, los transportistas que cubren la ruta El Progreso-San Pedro Sula y viceversa nuevamente han paralizado las unidades.
Es la segunda vez que la empresa de transporte se ve obligada a dejar de funcionar en menos de 10 días, la cuarta en el año, lo que deja pérdidas económicas para los dueños; además, sin el sustento diario a los conductores y ayudantes y mayor gasto para los pasajeros, quienes pagan a taxistas 200 lempiras en la ida y regreso de El Progreso.
Criminalidad
A nivel nacional son varias las empresas que han dejado de operar debido a los cobros excesivos de extorsionadores. Una de las empresas que de Tegucigalpa viaja a la frontera de El Amatillo, en el departamento de Valle, ayer también dejó de laborar por las constantes amenazas.
Las amenazas de los extorsionadores se han cumplido y es que el lunes 15 de mayo atacaron un bus en el sector de San Manuel, los criminales dispararon contra David Lara, quien era el ayudante y murió debido a la gravedad de la herida.
En este año han muerto de forma violenta al menos 30 empleados del transporte.
Las autoridades policiales aseguran que no han recibido denuncias por parte de los transportistas; sin embargo, realizan operativos sin lograr frenar las extorsiones.
Inseguridad
Jorge Lanza, dirigente del transporte, manifestó que con la paralización de los buses se tienen grandes pérdidas y los bancos no perdonan intereses.
“Seguimos teniendo compañeros de trabajo muertos y entregando dinero que ya no tenemos, porque esas personas son insaciables. El Poder Ejecutivo debe poner atención y empeño, ya sabemos que la Secretaría de Seguridad no está recibiendo la tasa de seguridad, los policías ya no tienen ni uniformes, mucho menos el equipo necesario para enfrentar a las estructuras criminales que están más armados que ellos”.
Lanza aseguró que de no ver respuesta del Gobierno, tendrán que tomar acciones como un paro nacional del transporte, ya que no pueden seguir pagando extorsiones. Aseveró que el estado de excepción no es una respuesta clara a la delincuencia.
