La compañía propietaria de la embarcación “Galafe” detenida en Roatán por transportar 330 toneladas de cemento, presuntamente de forma ilegal, podría demandar al Estado hondureño por daños y perjuicios.
Así lo informó Carlos Medrano, abogado defensor de los cinco tripulantes extranjeros que están siendo procesados por el delito de contrabando y defraudación fiscal.
Medrano calificó la acción legal del Ministerio Público como impertinente y un abuso de autoridad, porque sus defendidos ingresaron al país legalmente y fueron ellos quienes reportaron su llegada a las oficinas de Capitanía de Puerto, en aduanas y migración.
“Hay un atropellamiento que además de ir contra las personas también se ha hecho contra la empresa por lo cual procederá contra el Estado de Honduras por daños y perjuicios y pedirá una indemnización por las pérdidas”, agregó.
Medrano aseguró que la acusación del MP es improcedente porque la nave nunca atracó ni tampoco la mercadería fue bajada a tierra, por lo cual no estaba obligada a pagar impuestos.
Argumentando la Convención de Viena y otros tratados internacionales insistió en que se cometieron abusos y deslealtades porque a los extranjeros se les llamó el miércoles para que bajaran a tierra a rendir una declaración, pero una vez en puerto se les detuvo.
“Lo que están haciendo es injusto porque andan legales, nunca se escondieron y más bien ellos se reportaron a la autoridad, eso lo saben las embajadas de Colombia y Panamá, quienes se han interesado en el caso”, añadió.
La nave sigue anclada en la bahía de Coxen Hole.
