Honduras
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San Pedro Sula
Armando Mendoza Cedillo, padre del alcalde del municipio de Piraera, Lempira, Deydin Mendoza, fue dejado en libertad luego de que un juez le dictara sobreseimiento provisional por varios delitos.
La resolución judicial establece sobreseimiento provisional por los delitos de tenencia de armas prohibidas, tenencia de armas de uso permitido, tenencia de explosivos y tráfico de drogas.
Como antecedente, el 10 de abril un juez de Letras Penal había ordenado la medida cautelar de detención judicial contra Mendoza Cedillo, quien posteriormente fue remitido a los juzgados de San Pedro Sula para su audiencia de declaración de imputado.
El imputado era señalado por suponerlo responsable de los delitos de tenencia ilegal de armas de uso permitido y prohibido, depósito de artefactos explosivos y tráfico de drogas, en perjuicio del orden público y la salud pública del Estado de Honduras.
Según el reporte de las autoridades, Mendoza Cedillo fue detenido en el sector de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidroga (DNPA), en cumplimiento de una orden de captura emitida el 19 de febrero de 2026 por un juzgado de San Pedro Sula.
En declaraciones a medios de comunicación, Deydin Mendoza, alcalde de Piraera, manifestó que acompañaba a su padre para presentarse voluntariamente ante la justicia, luego de un allanamiento realizado el 28 de enero en la vivienda de Mendoza Cedillo, donde se encontraron armas.
“La Policía realizó un allanamiento en la casa de mi padre; sin embargo, esas armas no son de él, sino que personas malintencionadas las tiraron al patio. Luego de eso, nuestros abogados acordaron la citación este día (jueves 9 de abril), por lo que mi padre se presentaría; sin embargo, la Policía irrumpió en la casa de mi esposa en Santa Cruz y lo detuvo”, expresó Deydin Mendoza, alcalde de Piraera.
El edil agregó: “Nosotros somos una familia honrada, nunca hemos tenido problemas con la justicia. El problema empezó luego de que yo ganara por segunda vez la alcaldía. Esta es una persecución política y, de hecho, en octubre pasado me hicieron un atentado, pero confiamos en Dios. El pecado es ser nuevamente alcalde y por eso quieren vincular a mi familia con estas cosas”.
La Fiscalía había presentado el requerimiento fiscal desde el 16 de febrero, solicitando la imposición de medidas cautelares restrictivas de la libertad.
No obstante, el juez determinó la nulidad de un allanamiento de morada en una de las propiedades intervenidas, al establecer que se realizó sin orden judicial y que no se solicitó su convalidación ante el juzgado competente.
