San Pedro Sula, Honduras.
Al menos 14 funcionarios de la alcaldía de Choloma comparecieron ayer ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción del Ministerio Público en San Pedro Sula para declarar sobre los supuestos delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos por los que se investiga al alcalde Leopoldo Crivelli.
Antes de las 9:00 am llegaron a declarar a las oficinas del Ministerio Público el tesorero Rubén Espinal, y el asistente de auditoría René Maldonado.
En el transcurso del día también comparecieron Joel Discua, Allan Gavarrete, Claudia Pineda, el asistente de tesorería Óscar Tejada, el secretario municipal Jorge Banegas, la jefa de control tributario Altagracia Abreu, el jefe de planificación Luis Canales, Karen Rubí, Manuel Vallecillo, el contador Wilfredo Romero y el jefe de informática, Luis Sosa. Los funcionarios rindieron sus declaraciones sobre los supuestos actos irregulares de los que se le acusa al jefe de la comuna de Choloma. Esto forma parte de las investigaciones efectuadas por la Fiscalía Especial contra la Corrupción, donde también se hacen análisis y evaluaciones de las obras que se han ejecutado en el municipio para verificar el uso de los fondos de la comuna.
Además se revisan los contratos emitidos, los pagos realizados, revisión de auditorías y verificación de todos los documentos que fueron decomisados la semana pasada en los allanamientos de las dos residencias de Crivelli y la alcaldía.
“Van a venir toda la semana a declarar. Una vez que la Fiscalía culmine con toda la investigación van a determinar qué acción adoptará en este caso”, declaró Elvis Guzmán, vocero del Ministerio Público.
El portavoz explicó que los funcionarios están en calidad de testigos y es necesario que den su versión sobre los hechos que están siendo investigados.
“Las interrogantes van enfocadas en establecer si ellos tienen conocimiento sobre las supuestas acciones irregulares que se han venido denunciando dentro de la Municipalidad de Choloma, si saben por qué no hicieron nada en su momento y sobre algunos pagos que se han venido desarrollando sin ningún soporte legal”, agregó.
El vocero detalló que peritos forenses preparan una auditoría para esclarecer o descartar las acusaciones sobre este caso. “Si la auditoría refleja que hay acciones irregulares, el Ministerio Público tiene el deber de presentar un requerimiento fiscal”, dijo Guzmán. Trascendió que el alcalde se presentó ayer a la Municipalidad y aunque aún no ha sido llamado a declarar, no descartan que se presente de forma voluntaria. El jueves de la semana pasada, cinco fiscalías apoyadas por tres unidades de la Policía entrenadas por la Embajada de Estados Unidos coordinaron el allanamiento de dos residencias de Crivelli e intervinieron la Municipalidad cholomeña.
Las autoridades extrajeron documentos contenidos en tres cajas. En total, el decomiso fue de 40 cajas de documentos y 50 computadoras.
Al menos 14 funcionarios de la alcaldía de Choloma comparecieron ayer ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción del Ministerio Público en San Pedro Sula para declarar sobre los supuestos delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos por los que se investiga al alcalde Leopoldo Crivelli.
Antes de las 9:00 am llegaron a declarar a las oficinas del Ministerio Público el tesorero Rubén Espinal, y el asistente de auditoría René Maldonado.
En el transcurso del día también comparecieron Joel Discua, Allan Gavarrete, Claudia Pineda, el asistente de tesorería Óscar Tejada, el secretario municipal Jorge Banegas, la jefa de control tributario Altagracia Abreu, el jefe de planificación Luis Canales, Karen Rubí, Manuel Vallecillo, el contador Wilfredo Romero y el jefe de informática, Luis Sosa. Los funcionarios rindieron sus declaraciones sobre los supuestos actos irregulares de los que se le acusa al jefe de la comuna de Choloma. Esto forma parte de las investigaciones efectuadas por la Fiscalía Especial contra la Corrupción, donde también se hacen análisis y evaluaciones de las obras que se han ejecutado en el municipio para verificar el uso de los fondos de la comuna.
Además se revisan los contratos emitidos, los pagos realizados, revisión de auditorías y verificación de todos los documentos que fueron decomisados la semana pasada en los allanamientos de las dos residencias de Crivelli y la alcaldía.
“Van a venir toda la semana a declarar. Una vez que la Fiscalía culmine con toda la investigación van a determinar qué acción adoptará en este caso”, declaró Elvis Guzmán, vocero del Ministerio Público.
El portavoz explicó que los funcionarios están en calidad de testigos y es necesario que den su versión sobre los hechos que están siendo investigados.
“Las interrogantes van enfocadas en establecer si ellos tienen conocimiento sobre las supuestas acciones irregulares que se han venido denunciando dentro de la Municipalidad de Choloma, si saben por qué no hicieron nada en su momento y sobre algunos pagos que se han venido desarrollando sin ningún soporte legal”, agregó.
El vocero detalló que peritos forenses preparan una auditoría para esclarecer o descartar las acusaciones sobre este caso. “Si la auditoría refleja que hay acciones irregulares, el Ministerio Público tiene el deber de presentar un requerimiento fiscal”, dijo Guzmán. Trascendió que el alcalde se presentó ayer a la Municipalidad y aunque aún no ha sido llamado a declarar, no descartan que se presente de forma voluntaria. El jueves de la semana pasada, cinco fiscalías apoyadas por tres unidades de la Policía entrenadas por la Embajada de Estados Unidos coordinaron el allanamiento de dos residencias de Crivelli e intervinieron la Municipalidad cholomeña.
Las autoridades extrajeron documentos contenidos en tres cajas. En total, el decomiso fue de 40 cajas de documentos y 50 computadoras.
