“Cuando los gobiernos no respaldan a sus ciudadanos y les restringen su derecho elemental a la defensa pasiva, entre más indefensa está la ciudadanía, los delincuentes se aprovechan más de la vulnerabilidad ciudadana y más sufrimiento causan”, cita el análisis hecho por Luis Felipe Molina sobre el desarme en los departamentos más poblados de Honduras, Francisco Morazán y Cortés.
El entendido en el tema envió el escrito al Congreso Nacional tras la propuesta del ministro de Defensa, Marlon Pascua, de un desarme general a fin de reducir los homicidios y la inseguridad que tiene de rodillas al pueblo hondureño.
Luis Felipe Molina, fundador y presidente de Optimum Answer, empresa consultora de soluciones gerenciales, indica que el documento es enviado al Legislativo para ayudarle a percatarse de que restringiendo aún más, de diferentes maneras, la libertad ciudadana de poseer y portar armas no se obtiene ningún beneficio real y que, por el contrario, tal perjuicio directo contra la ciudadanía es, además, un estímulo al aumento del crimen en nuestra ya extremadamente dañada patria.
“En muchas repúblicas democráticas de éxito alrededor del mundo, la posesión privada de armas personales es, históricamente, uno de los medios esenciales de la seguridad ciudadana. Esa contribución al disfrute de seguridad nacional se da gracias al poder disuasivo de las armas, dándose la disuasión como efecto automático y pacífico de la posesión pasiva de armas personales”, indica el experto en el escrito.
Uso de armas prohibidas
Molina establece que en Hondurasno hay problemas de muertes con armas de fuego causadas por embriaguez u otros delitos mayores o menores, o descuidos, del ciudadano que porta un arma de manera legal.
“Por el contrario, el grave problema que tenemos en Honduras es el horrendo índice de asesinatos con armas no registradas y con armas prohibidas en posesión de los delincuentes como las AK-47 y otras armas ilegales.
Consecuentemente, el Estado debe concentrarse en resolver el problema de los criminales con AK-47 y otras armas no registradas, no resolver problemas que no existen con los ciudadanos y sus armas registradas –revólveres, pistolas, rifles y escopetas de todo calibre”, señala Molina. Agregó que si el Congreso no quiere aumentar -tal vez porque no sabe cómo- la eficacia disuasiva al ataque criminal que proporcionan las armas personales privadas, por lo menos no debe disminuir la eficacia disuasiva que ya existe.
“Es al delincuente a quien se le debe impedir eficazmente que tenga armas, no al ciudadano; pero la agudización del ‘control’ de armas que ya existe afectaría únicamente al buen ciudadano, ya que tales prohibiciones de hecho no abarcan a los delincuentes porque no las obedecen o porque usan armas ilegales como AK-47 y otras”, indica el documento.
“Por una parte, para el crimen muy organizado es irrelevante si en un país es legal o no que la ciudadanía porte armas de fuego de defensa personal –revólveres, pistolas, rifles y escopetas de todo calibre-. Por otro lado, la restricción al ciudadano de su posesión y portación de sus armas de fuego de defensa -de disuasión- personal, favorece a la delincuencia menos organizada: fomenta el aumento de los asaltos, robos, violaciones, extorsiones y secuestros en lugar de su disminución; porque con las restricciones de todo tipo aumenta la vulnerabilidad de la ciudadanía -fortaleciéndose así al delincuente- y los asaltantes escogen atacar a la víctima potencial más vulnerable”, detalla.
Derecho de tener armas
El analista señala que el derecho de los ciudadanos de tener armas es un disuasivo del crimen y, por el contrario, las prohibiciones y obstáculos lo favorecen.
“Como ya hemos dicho repetidamente en esta contribución, cuando los delincuentes no saben si sus víctimas potenciales están o no armadas por su incertidumbre y su temor, se frenan y así disminuyen los ataques”, cita.
“El derecho ciudadano de tener armas no aumenta la delincuencia. Por el contrario, el control de armas promueve la delincuencia -al disminuir el efecto disuasivo de la probabilidad de que la víctima potencial y otros ciudadanos en las cercanías porten armas-. Los ciudadanos civiles pueden manejar un revólver, pistola, rifle o escopeta con tanta responsabilidad y seguridad como un policía o como los mejores guardias de seguridad privada”, concluye.
Fiscal Adjunto está a favor del desarme general en el país
Roy Urtecho, fiscal general adjunto, le pidió al Gobierno ampliar el desarme general a escala nacional de manera que solo los policías y los militares sean quienes deban portar armas.
“Si esto fuera así, el país estaría resolviendo en un alto porcentaje el problema delictivo que tiene casi de rodillas a la sociedad hondureña”, expresó Urtecho.
El funcionario agregó que a los civiles a quienes se les encuentre portando un arma simplemente se les deducirá responsabilidad penal.
El Fiscal General Adjunto aceptó que más de algún civil puede portar arma, pero antes debe haber pasado una prueba de confianza.
“En las calles no debe haber armas más que el arma de un policía y la de un militar certificado por la población hondureña”, expresó Urtecho. A su juicio, la iniciativa del Gobierno de prohibir la portación de armas en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán es buena, pero debe ampliarse a los demás departamentos del país.
“Al asumir la presidencia del Colegio de Abogados fuimos los primeros en pedir un desarme general y le propusimos al presidente en el Consejo de Defensa que hiciera un desarme en Tocoa”, recordó Urtecho.
Algunos sectores opinan que paralelamente a la prohibición de portar armas se debe prohibir la venta de armas que usualmente hace La Armería, un negocio del Instituto de Previsión Militar.
Por otro lado, el Fiscal Adjunto se pronunció en contra de que el Estado negocie con las maras, responsables de tantas muertes en el país.
