El Juzgado de Letras Penal Tercero de Santa Bárbara dictó auto de prisión contra el guatemalteco Osmán Antonio Umaña Salvatierra y el hondureño Roger Alfonso Castro, acusados por los supuestos delitos de almacenamiento y uso de armas, además de tráfico de armas.
El portavoz del Ministerio Público, Elvis Guzmán, informó que luego que la Fiscalía de Lucha contra el Crimen Organizado presentara los indicios, el Juzgado determinó dictarle auto de prisión a Roger Alfonso Castro y al chapín Umaña Salvatierra, quien también se hace llamar Osmán Antonio Meza al utilizar documentación de un hondureño. Los imputados guardaban prisión en el Centro Penal de Santa Bárbara acusados por el supuesto delito de lavado de activos; no obstante, en la audiencia preliminar el juez Bernardino Rodríguez Mejía los benefició con un sobreseimiento provisional.
Por esta resolución el juez está siendo investigado por la Fiscalía de Lucha contra la Corrupción por haber dictado sobreseimiento provisional a favor del guatemalteco y el hondureño Castro.
Pero en el momento cuando los acusados salían del centro penal, la Fiscalía solicitó al Juzgado emitir una orden de captura, la cual se hizo efectiva por los delitos vinculados al tráfico de armas. “Sobre este segundo proceso con auto de prisión se determinó remitirlo a la Penitenciaría Nacional en Támara, Francisco Morazán, por seguridad de ellos y por otras diligencias que la Fiscalía está emprendiendo para acreditar su vinculación en acciones de crimen organizado y tráfico de droga”, refirió.
Guzmán comentó que realizan el análisis del expediente y de la resolución que el juez Bernardino Rodríguez Mejía emitió en el primer proceso contra Umaña Salvatierra, acusado del supuesto delito de lavado de activos. “Se establecerá si el juez actúo conforme a derecho o se sobrepasó a las peticiones de las partes. Además se conocerá por qué el juez Mejía no admitió algunas pruebas que en su oportunidad presentó la Fiscalía contra el Crimen Organizado”, dijo.
El portavoz señaló que se presentaron pruebas suficientes para que el primer proceso contra el chapín fuera elevado a juicio oral y público. En la audiencia preliminar contra el guatemalteco por el supuesto delito de lavado de activo la Fiscalía acreditó documentación que establecía que él y su esposa Dina Cifuentes Jochín eran propietarios de la hacienda Piñuelas en Macuelizo, Santa Bárbara, allanada en octubre del año pasado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado, resultando de esto la incautación de bienes valorados en unos trescientos millones de lempiras.
