San Pedro Sula, Honduras.
La incomparecencia de testigos a los juicios causa sentencias absolutorias a favor de acusados por la falta de pruebas suficientes.
Mensualmente, el Tribunal de Sentencia suspende 15 debates porque no comparecen los testigos a las audiencias orales.
Las razones por las que no acuden a rendir sus declaraciones son por temor a represalias por parte del acusado, falta de apoyo del sistema de protección a testigos del Ministerio Público, la no ubicación en su domicilio, pérdida de interés de la víctima en continuar el proceso penal y por circunstancias económicas.
La suspensión del debate oral y público está establecido en el artículo 312 del Código Procesal Penal y las partes, tanto el Ministerio Público como la defensa hacen uso de esa petición cuando un testigo promovido por uno de ellos no comparece a rendir su testimonio.
“Las partes estiman cuáles de esas pruebas propuestas son de primordial necesidad o de importancia para el juicio y nos piden una suspensión. Eso implica que el juicio quedará paralizado por 15 días hábiles por el término máximo”, explicó uno de los juzgadores del Tribunal de Sentencia. Según lo establecido, cuando el debate no se reanuda en el término indicado, queda anulado y tendrá que comenzarse con jueces y en salas diferentes. Cuando se han agotado las instancias para contactar a los declarantes y no se obtienen resultados positivos, el Poder Judicial está en la obligación de publicar los edictos en los diferentes medios de comunicación.
“El Estado incurre en gastos, porque el fiscal o la defensa nos dice que el testigo “A” no está presente, que ya se agotó la vía del receptor. La persona que cita viene con la novedad que la persona ya no vive en la dirección que proporcionó y cuando se constata que ya no es localizable por esa vía, las partes nos piden que publiquemos edictos, en algunas ocasiones son de manera gratuita como un aporte social, pero en otros casos son campos pagados”, dijo.
René Díaz, coordinador regional del Ministerio Público, señaló que la no presencia y declaración de un testigo hace que se dilate el proceso penal.
El profesional del Derecho manifestó que debería haber apertura de parte de los jueces del Tribunal de Sentencia para aceptar la prueba anticipada ante la no comparecencia de los testigos propuestos por la Fiscalía. “Cuando se desarrolla el debate después de dos años, se pierde el contacto con el testigo. Se requiere más apertura del tribunal en la aceptación de la prueba anticipada cuando no se logre citar al declarante más importante o que la prueba peligre”, expresó el acusador público.
Programa de testigos
Los testigos son fundamentales para que la Fiscalía pueda acreditar la participación del encausado en la comisión del delito. Es por ello que los fiscales son los que más piden las suspensiones de las causas orales ante la no comparecencia de los declarantes.
El Programa de Protección de Testigos adscrito al Ministerio Público podría desaparecer debido a que no cuenta con los recursos económicos suficientes. El presupuesto anda en los 157,000 lempiras desembolsados cada 40 días.
En el país, unos 400 testigos reciben medidas de protección, de estos, el 20% corresponde a San Pedro Sula.
La incomparecencia de testigos a los juicios causa sentencias absolutorias a favor de acusados por la falta de pruebas suficientes.
Mensualmente, el Tribunal de Sentencia suspende 15 debates porque no comparecen los testigos a las audiencias orales.
Las razones por las que no acuden a rendir sus declaraciones son por temor a represalias por parte del acusado, falta de apoyo del sistema de protección a testigos del Ministerio Público, la no ubicación en su domicilio, pérdida de interés de la víctima en continuar el proceso penal y por circunstancias económicas.
La suspensión del debate oral y público está establecido en el artículo 312 del Código Procesal Penal y las partes, tanto el Ministerio Público como la defensa hacen uso de esa petición cuando un testigo promovido por uno de ellos no comparece a rendir su testimonio.
“Las partes estiman cuáles de esas pruebas propuestas son de primordial necesidad o de importancia para el juicio y nos piden una suspensión. Eso implica que el juicio quedará paralizado por 15 días hábiles por el término máximo”, explicó uno de los juzgadores del Tribunal de Sentencia. Según lo establecido, cuando el debate no se reanuda en el término indicado, queda anulado y tendrá que comenzarse con jueces y en salas diferentes. Cuando se han agotado las instancias para contactar a los declarantes y no se obtienen resultados positivos, el Poder Judicial está en la obligación de publicar los edictos en los diferentes medios de comunicación.
“El Estado incurre en gastos, porque el fiscal o la defensa nos dice que el testigo “A” no está presente, que ya se agotó la vía del receptor. La persona que cita viene con la novedad que la persona ya no vive en la dirección que proporcionó y cuando se constata que ya no es localizable por esa vía, las partes nos piden que publiquemos edictos, en algunas ocasiones son de manera gratuita como un aporte social, pero en otros casos son campos pagados”, dijo.
René Díaz, coordinador regional del Ministerio Público, señaló que la no presencia y declaración de un testigo hace que se dilate el proceso penal.
El profesional del Derecho manifestó que debería haber apertura de parte de los jueces del Tribunal de Sentencia para aceptar la prueba anticipada ante la no comparecencia de los testigos propuestos por la Fiscalía. “Cuando se desarrolla el debate después de dos años, se pierde el contacto con el testigo. Se requiere más apertura del tribunal en la aceptación de la prueba anticipada cuando no se logre citar al declarante más importante o que la prueba peligre”, expresó el acusador público.
Programa de testigos
Los testigos son fundamentales para que la Fiscalía pueda acreditar la participación del encausado en la comisión del delito. Es por ello que los fiscales son los que más piden las suspensiones de las causas orales ante la no comparecencia de los declarantes.
El Programa de Protección de Testigos adscrito al Ministerio Público podría desaparecer debido a que no cuenta con los recursos económicos suficientes. El presupuesto anda en los 157,000 lempiras desembolsados cada 40 días.
En el país, unos 400 testigos reciben medidas de protección, de estos, el 20% corresponde a San Pedro Sula.
