22/07/2024
06:35 PM

Derogación de decreto sobre el Merendón genera pérdidas y desempleo

Los urbanizadores, autoridades y patronatos piden hacer una revisión de lo aprobado y recorrer la zona para verificar si hay o no daños a la montaña

San Pedro Sula, Honduras.

La empresa privada, urbanizadores, patronatos y autoridades municipales alertaron que unas 220 mil familias están en problemas por la derogación del decreto 334-2013 que reformó el 46-90 referente a la protección de El Merendón.

La gran preocupación es que pobladores que fueron regularizados mediante el decreto 334-2013 volverán a ser considerados asentamientos irregulares.

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Entre las colonias afectadas están sector Las Brisas, Lempira, El Zapotal, Armenta, San Jorge, Casa Quemada, La Flecha, La Victoria, Lempira 3, El Córbano y El Retiro.

En estas comunidades hay unas 220,000 familias, revelaron los representantes de las comunidades en una asamblea realizada el fin de semana, donde pidieron a las autoridades gubernamentales revisar lo derogado por el Congreso Nacional.

De acuerdo al antecedente, mediante el Decreto 334-2013 se protegieron 460 hectáreas de bosque que cuentan con una biodiversidad significativa y que son áreas sensibles donde drenan quebradas y ríos y con la derogación del decreto antes mencionado estarían sujetas a desarrollo.

Juan Ramón Barahona residente en Cofradía ve con preocupación la situación si se publica el decreto, pues considera que quedarían fuera como comunidad y no podrán realizar nada de obras y el desarrollo de las comunidades se detendría, pues quedarían como asentamiento ilegal.

Aclararon que nadie se opone a proteger El Merendón, al contrario, como pobladores están claros y saben que deben hacerlo.

Julio Velásquez, residente en ese sector, y quien está dentro de las familias afectadas, considera que es un retroceso.

“No es una situación en manos de la municipalidad pero retrocedemos en todo y lo más preocupante es la tenencia de la tierra, que ya se había resuelto. No podremos construir absolutamente nada y vivimos ahí desde antes del decreto 46-90, luego entendieron el problema y a raíz de eso fue la reforma. Si se hiciera una revisión vieran que todo está en orden y protegemos la montaña”, dijo.

“Vamos a defender los intereses de la comunidad y hacemos el llamado a las autoridades municipales para ver que están haciendo por nosotros, pues resultaremos seriamente afectados”, dijo Velásquez.

Para Carlos Hernández, poblador de una de las colonias afectadas, son colonias y barrios desarrollados desde hace más de 60 años y con la reforma al 46-90 comenzaron a legalizarse, pero ahora la situación cambiará porque no hay esperanza de desarrollo y ni siquiera pueden optar a un préstamo en la banca formal.

Construcción

Por su parte el presidente de la Asociación de Urbanizadores y Promotores de Vivienda de Honduras (Asuprovih), Juan Ariel Santos, dijo que antes de realizar esa derogación hubiesen realizado una inspección en las zonas.

“No es una buena señal cambiar las reglas para los inversionistas en Honduras y San Pedro Sula”, aseguró.

Santos manifiestó que son un sector que han confiado en el país y la ciudad generando empleo y pagando impuestos y en los últimos 10 años han realizado inversiones millonarias en colonias que se encuentran en las cercanías de El Merendón y hasta en Cofradía sin afectar nada.

“Con el Decreto 334-2013 que estuvo en vigencia por más de 10 años se permitió a la municipalidad de San Pedro Sula realizar un sin número de obras de desarrollo comunitario e infraestructura y con la vigencia del decreto 46-90 esto queda detenido en perjuicio de los miles de pobladores que habitan en las colonias colindantes con la cordillera de El Merendón”, dijo.

Según registros municipales, unos 20 proyectos están detenidos y más de 4,000 empleos directos e igual cantidad de indirectos a punto de perderse por la derogación del decreto.

El tema ya fue conversado en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés entre representantes del Congreso Nacional, funcionarios de gobierno y empresarios.

Las opciones en este caso, debido a que el decreto ya fue aprobado pero no publicado, está en manos de la presidenta Xiomara Castro.

Alerta

El alcalde Roberto Contreras está claro que esa derogación del decreto 334-2013 deriva un problema grave que obliga a cambiar la zonificación del municipio y el uso de suelo.

Contreras explicó que hoy los desarrolladores que estaban en ese sector y construyeron no tendrán problema, pero y los que estaban en proceso pues debe detenerse y no se pueden dar permisos de construcción.

“Con esa reforma que hacen a ese decreto se fomenta la tala del bosque, las invasiones y se condena la inversión privada y formal y todos esos terrenos pasarán a manos de invasores porque esas tierras se devaluarán, las pérdidas son millonarias y hoy los dueños de los predios están pidiendo su dinero”, dijo.