Para expertos, no hay incentivos que motiven a las micro y pequeñas empresas informales a trasladarse a la legalidad, debido a que aunque hay leyes para su beneficio, estas no se cumplen a cabalidad.
Datos del Registro Mercantil operado por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) indican que el año pasado se registraron 5,687 nuevas empresas, unas 391 menos que en 2021.
De las 5,687 empresas, 4,427 lo hicieron por medio de notario y 1,242 a través de la plataforma Mi Empresa en Línea, un servicio gratuito y rápido.
Presidenta de la Anmpih
Esperanza Escobar:
“El alcalde no ha querido reunirse con nosotros, que somos una gremial importante”.
Este es un número bajo, considerando que anualmente surgen miles de nuevos emprendimientos en la zona norte, provocado sobre todo por la falta de empleo.
Aunque desde noviembre de 2018 entró en vigor la Ley de Apoyo a la Mipyme (decreto 145-2018), con vigencia por cinco años, los mipymes aseguran que la alcaldía de San Pedro Sula no está cumpliendo con la ley.
El decreto detalla que los micros, pequeños y medianos empresarios que se adhirieron a la ley deben estar exentos del impuesto personal y del impuesto sobre industria, comercio y servicios de las municipalidades, los permisos de operación, construcción, autorizaciones y licencias ambientales.
Presidente de la Gremipe
Victorino Carranza:
“Lo que quieren son impuestos, pero incentivos para la mipyme no hay, ni siquiera capacitaciones”.
También se exime del cargo por registro de cualquier tipo que se tramite ante el Gobierno y municipalidades.
El artículo 7 del mismo decreto indica que los beneficiarios de la ley durante un período de tres años, mismo que podrá ser prorrogable por dos años a solicitud de la Secretaría de Desarrollo Económico, deben estar exentos del pago por concepto de tasas registrales relacionadas con el acto de constitución de la empresa, tasas municipales, cobro por cargos para la emisión de actos administrativos, licencias u otros conceptos necesarios para su operación que deban realizarse a instituciones públicas.
Esperanza Escobar, presidenta de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), reiteró que la alcaldía sampedrana no está cumpliendo con la exoneración de impuestos como manda la Ley de Apoyo a la Mipyme.
Más detalles de interés
- Para las nuevas empresas que se constituyan en un año, que dura la Ley de Recuperación y Reactivación Económica, los beneficios serán por 5 años; 3 años del 100% en exenciones fiscales, registrales y actos administrativos ante Gobierno central y municipal, y 2 años de 50% en exenciones fiscales.
- 19,310 empresas adheridas al sistema de facturación del SAR, de las cuales 18,831 son pequeñas, 257 medianas y 222 grandes empresas.
“Personas que han cumplido con todos los procesos en tiempo y forma solo les quieren exonerar industria y comercio, cuando este decreto es para las tasas e impuestos en general. Solo esta municipalidad de San Pedro Sula no cumple, porque las demás municipalidades sí dan el beneficio”, aseveró. Más de 6,000 empresas se adhirieron a la Ley de Apoyo a la Mipyme.
Escobar destacó que lejos de incentivar la legalización de las empresas, muchas prefieren seguir en la informalidad.Una microempresa sin la exoneración puede pagar entre L25,000 y L55,000 solo en impuestos municipales.
Cabe destacar que desde el 26 de mayo de 2022 está en vigencia la Ley de Recuperación y Reactivación Económica de la Pyme, con vigencia de un año, que también exonera del pago de impuestos municipales, con beneficios fiscales de hasta cinco años.
Aunque las gremiales también aseguran que esta ley no logra incentivar la legalidad, además, señalan que los permisos y licencias siempre conllevan un proceso engorroso.
" Las tasas no están exoneradas porque la ley municipal no lo permite, solo el impuesto de volumen de venta. "
Victorino Carranza, presidente del Gremio de la Micro y Pequeña Empresa (Gremype), manifestó que tanto la municipalidad de San Pedro Sula como la de Choloma no cumplen con los decretos que los benefician.
“Ellos dicen que las leyes de la municipalidad son independientes, que no importa el decreto”, cuestionó el dirigente.Carranza indicó que no tiene beneficios tangibles, ni siquiera capacitaciones.
Keily Wandike, directora técnica de Ingresos municipal, aseguró que sí han dado el beneficio. “Si no se le otorga es porque han incumplido lo que dice la misma ley, que a veces son socios o tienen duplicidad del beneficio”, aseveró.
