San Pedro Sula, Honduras
“Es una nueva modalidad que supuestamente están investigando, el dinero entra a la Municipalidad, lo que pasa es que probablemente no se acredita a las personas que hacen el pago, sino a otros, y eso es precisamente lo que están investigando la Fiscalía”.
Esto respondió ayer el alcalde sampedrano Juan Carlos Zúniga al ser consultado sobre si es cierto que ha habido “borrones” en la Municipalidad.
Zúniga ofreció ayer una improvisada conferencia de prensa para explicar por qué no se tuvo la sesión ordinaria. Aseguró que están apoyando las acciones que ejecuta la Fiscalía.
“Estamos dando la información necesaria para descubrir a los responsables, si es que las denuncias son ciertas, para que se le aplique todo el peso de la ley”.
El pasado 3 de septiembre, la Fiscalía de la contra la Corrupción intervino las oficinas de Informática, Control de Ingresos y Tesorería. Las investigaciones revelaron que, con el tiempo, el delito antes llamado “borrón” ha evolucionado y hoy es conocido como “jineteo de cuentas”, es decir, que antes el funcionario o empleado borraba la deuda de quien pagaba por el servicio y ahora se reacomoda dinero de contribuyentes a las cuentas de algunos ciudadanos o empresas.
“Persecución política”
El alcalde dijo que ese tipo de anomalías no es nada nuevo en la Municipalidad, que se han dado desde hace muchos años.
“Esto no es nada nuevo, es algo que desde 1985 viene arrastrándose en todas las administraciones. Antes se borraba. Nosotros con el objetivo de mejorar las transferencias y que los empleados municipales no tocaran dinero pusimos un banco dentro de las instalaciones.
Ningún funcionario puede tocar dinero, porque quien hace el cobro es el banco. Estas medidas las pusimos para evitar precisamente que pasaran estas cosas; pero ahora surge una nueva modalidad, la Fiscalía tendrá que investigar. Debe haber gente tanto en el interior como en el exterior que esté en contubernio para hacer este tipo de actos”.
Para Zúniga, las acusaciones son parte de una serie de acciones de persecución política. “No solo es esta investigación. Las Secretarías de Estado nos han enviado en menos de dos semanas un montón de problemas, por ejemplo, la Secretaría de Finanzas nos mandó una nota cobrándonos 271 millones de lempiras, según ellos porque en 1999 se hizo un préstamo a la Corporación, que dirigía en ese entonces Roberto Larios Silva, el que fue usado para los Sextos Juegos Centroamericanos, y ahora nos están cobrando y dicen que les paguemos a la brevedad ese dinero”.
La Dirección Ejecutiva de Ingresos embargó los peajes para cobrarse retenciones que no se pagaron. “Tuvimos por la DEI el embargo de los peajes, esto por una deuda de los años 2000 y 2001, también correspondiente del ingeniero Larios Silva; en este caso ya teníamos actas de conciliación donde les hemos pagado a ellos 123 millones. Nosotros creemos que estos reclamos son improcedentes y por eso lo estamos peleando por la vía legal, primero porque ya prescribió, segundo porque no tenemos en la Municipalidad ningún documento que nos avale ese cobro que nos están haciendo”, denunció el alcalde.
