Un informe de los ingresos en las casetas de peaje en los últimos tres años es uno de los documentos que presentaron ayer los corporativos ante la Fiscalía contra la Corrupción.
Allí se refleja que los ingresos han bajado de 109,572,321 lempiras en 2010
a 101,508,020 lempiras en 2012. Según los informes el parque vehicular aumentó entre 2 y 3 % anual, lo que no coincide con los ingresos según los corporativos.
El Ministerio Público citó a ocho regidores supuestamente por abuso de autoridad.
En diciembre, los regidores votaron en contra de un informe elaborado por una comisión que declaró fracasada la licitación del suministro de servicios de sistematización, modernización y manejo del recaudo del control de las casetas de peaje porque supuestamente habían inconsistencias.
Además argumentaron que la licitación era necesaria para mejorar los ingresos del municipio, tomando en cuenta que era uno de los compromisos municipales del plan de salvataje para hacerle frente a la readecuación de 1,080 millones de lempiras.
Ante la situación conformaron una comisión, revisaron las ofertas de las empresas y en sesión corporativa acordaron adjudicar la licitación a la empresa SEL de Honduras.
El proceso se estancó porque la Fiscalía inició una investigación por una denuncia interpuesta por un ciudadano de nombre Carlos Armando Arce.
La primera en comparecer ayer fue la regidora Hileana Sarmiento de Mandujano, quien llegó acompañada por todos los regidores que votaron a favor de la licitación y en contra del informe elaborado por la comisión nombrada por el alcalde Juan Carlos Zúniga, que declaró fracasada la licitación.
La regidora Hileana Sarmiento de Mandujano dijo que se presentaron para conocer detalles de la citación y saber cuál era la acusación en su contra.
“Somos un equipo de ocho
personas y vamos a hacer una declaración en conjunto y la defensa se hará de la misma manera”, dijo.
Mandujano indicó que han actuado de la mejor forma porque lo que quieren es proteger los fondos de la alcaldía y hacer todo de la forma más transparente.
El regidor Wilfredo Flores aseguró que la comparecencia al Ministerio Público es parte de un proceso normal.
“Hay incomodidad porque la conducción de la alcaldía no está de acuerdo en que mejoremos los ingresos de la Municipalidad”. “Los ocho regidores votamos a favor de la licitación indistintamente de colores políticos porque allí hay nacionalistas, liberales y de Libre, hemos privilegiado el interés de San Pedro Sula, no es posible que la recaudación de los peajes vaya disminuyendo cuando el parque vehicular de la ciudad creció de un 3 a 4% anual”, dijo Flores.
Hay denuncias que en los peajes se invirtieron 43 millones de lempiras, se destruyó el equipo y no se dedujo responsabilidades; la Municipalidad eso no lo investiga.
En este momento, la alcaldía no está invirtiendo un solo centavo en la modernización de los peajes. “Hemos fijado el techo de nueve millones de lempiras y a partir de allí el que ganó la licitación ganará 27.5 centavos
por cada lempira y la alcaldía 72.5 centavos por cada lempira”.
Explicó que los que tienen que ver con la denuncia le daban mantenimiento a las casetas de peaje, por ello el desacuerdo en que se licite el manejo de las mismas.
“Como corporativos dudamos del dictamen de la comisión y cuando hicimos el análisis a detalle encontramos inconsistencias y esto nos sirve para que de hoy en adelante se haga un análisis de todos los informes que presentan las comisiones”, agregó Flores.
El regidor José Antonio Rivera dijo que el mismo auditor municipal, Marvin Rodríguez, elaboró un informe donde recomendaba la sistematización de los mismos y “hoy que se hizo las mismas autoridades están en desacuerdo con la modernización, cuando ya se ha llevado a cabo un proceso de licitación. Además hay una recomendación contemplada en un plan de salvataje”.
La regidora Janeth Hernández indicó que lamentablemente los que no quieren la sistematización están en contra del desarrollo de la ciudad.
“Hay fuga y mal manejo y eso no podemos ocultarlo”.
