22/04/2024
08:53 AM

Fiscalía requiere más información sobre caso de Ada Muñoz

Auditorías a sindicato y Control de Ingresos aún no terminan

El Ministerio Público continúa investigando los delitos a la exfuncionaria municipal Ada Muñoz y las denuncias que hay sobre el sindicato municipal de San Pedro Sula.

Representantes de la Fiscalía contra la Corrupción llegaron ayer a la alcaldía a entregar un oficio donde solicitaron a la secretaria municipal, Amalia Díaz, documentación de Control de Ingresos y otras unidades.

Desde el 30 de enero Muñoz, exjefa de Control de Ingresos, es prófuga de la justicia. Se le acusa de malversación de caudales públicos, defraudación fiscal, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito. Muñoz tiene alerta internacional, pero tampoco se han emitido señales de que haya salido del país.

El vocero del Ministerio Público, Elvis Guzmán, informó que equipos de fiscales continúan trabajando en una auditoría junto con el Tribunal Superior de Cuentas que arrojará las supuestas irregularidades que se desarrollaban en las oficinas de ingresos. Autoridades municipales han recibido reclamos de contribuyentes que aducen y muestran comprobantes del pago de sus impuestos, pero aparecen en mora.

El alcalde Armando Calidonio denunció a finales de febrero el rebote de 18 millones de lempiras que la alcaldía supuestamente cobró, pero que nunca ingresaron a las arcas municipales, por lo que se investiga además a personal que laboraba de cerca con Muñoz.

El Ministerio Público continúa realizando una auditoría al sindicato municipal. Los dirigentes de esa organización fueron denunciados porque desde hace más de 16 años no informan sobre los estados financieros. Se requirió documentos de esas oficinas. Ana María Ríos ha sido la presidenta y Muñoz la tesorera.

Los directivos también fueron denunciados por supuestos actos de abuso de autoridad, fraude y estafa por residentes de la colonia “Ana María Ríos”, situada en el cuadrante sureste de la ciudad por la zona de El Polvorín.

Los denunciantes señalan que han hecho sus pagos correspondientes por la vivienda y que no les han entregado documentos de propiedad.