De los 21.6 millones de estadounidenses que necesitaron tratamiento por un problema de consumo de droga ilícita o de alcohol en 2011, solo 2.3 millones (10.8%) lo recibieron.
Ante esto, la administración de Barack Obama busca que el tratamiento para los norteamericanos esté más disponible, por lo que ha decidido lanzar en 2013 un nuevo plan para reducir el consumo de drogas y sus consecuencias, viendo la adicción no solo como una cuestión de justicia criminal, sino también, como un problema de
salud pública.
Michael Boticelli, director Adjunto de la Oficina de la Casa Blanca de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) aseguró que no se trata de un problema moral, ni criminal sino de salud, al referirse a la demanda que tiene la droga en Estados Unidos.
Estados Unidos solicitó al Senado un aumento en su presupuesto de 2014 de 10 mil millones de dólares para prevención y tratamiento.
Boticelli informó que solo en un año se gastó más de lo que fue el apoyo financiero para el Plan Colombia. “Vamos a gastar en la reducción, se han aumentado mil millones de dólares para controlar la demanda, no es solo un cambio de política la que ahora se promueve, sino que queremos que no solo las leyes tengan que ver en la detección temprana. La prevención debe comenzar en las comunidades”, expuso Boticelli.
Un objetivo claro de Estados Unidos es ampliar el acceso al tratamiento, donde uno de cada 10 estadounidenses recibe el tratamiento adecuado.
La colaboración entre los países centroamericanos establece que con Honduras se realiza un intercambio de información en el tema y hay un compromiso de ayuda. “Estamos comprometidos con los países y trabajamos con ellos, por ahora hay 17 países que adoptan el enfoque comunitario”, dijo Boticelli.
Lucha contra las drogas
Estados Unidos ahora en su nuevo enfoque no busca una guerra contra las drogas, al contrario,
hoy ven en las comunidades una alternativa, donde todos los sectores sean parte de la solución al problema y no un asunto estrictamente de policías y delincuentes.
“No decimos que tenemos una guerra en contra de las drogas, no se puede declarar la guerra con la propia gente. Es una lucha, pero no es una lucha militar como se ha dicho, la implementación de nuestra política ha llevado a trabajar con los militares en Centroamérica, en instancias donde los militares tienen un papel legítimo.
Pero para tener éxito en la receta, hay que diseñar una política a nivel de las comunidades, con la sociedad civil, involucrando varios sectores y no solamente mirar todo el problema a través de una óptica de policías y delincuentes”, dijo John Feeley, subsecretario adjunto de Estado para el Hemisferio Occidental.
No solo es el uso de la fuerza o la aplicación de ley lo que se busca, sino también el asesoramiento y acompañamiento en la problemática que pueda tener la sociedad.
Corresponsabilidad
Estados Unidos tiene corresponsabilidad en el problema del narcotráfico que genera la violencia en Honduras, Guatemala, El Salvador y México.
La implementación de programas como el Plan Mérida y el de Cooperación de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (Carsi), se diseñaron para el control del tráfico de drogas y beneficia a Honduras de diversas formas. “Los países están expuestos a una violencia abrumadora, a una violencia que es capaz de crear una inseguridad que frena la inversión. Hay un círculo de frenos negativos cuando las fuerzas de aplicación de ley y los sistemas de justicia no están presentes.
Hay caminos por recorrer en Centroamérica en especial en el Triángulo Norte, pero hay que recordar que la falta de institucionalidad, sin cortes de justicia, sin programas de intervención, sin una fuerza policiaca bien entrenada, no corrupta no va a poder adecuar su situación de inseguridad a un estatus de seguridad”, dijo Feeley.
Nota: El Departamento de Estado invitó a la periodista a un tour de Seguridad Ciudadana en Washington y Los Ángeles.
Comunidad
Es el nuevo actor que debe incorporarse dentro de las estrategias para el combate de las drogas, deben ser parte de la solución al problema.
Programas
Conjuntos de policías y militares de Honduras, Guatemala y El Salvador, respaldados con agentes de la DEA, han permitido la interdicción de drogas en el área del istmo.
