San Pedro Sula, Honduras.
Los jefes de departamentos médicos y servicios del hospital Mario Catarino Rivas renunciaron a sus cargos administrativos porque estaban en desacuerdo con las resoluciones derivadas de las investigaciones en un caso de negligencia médica.
Ayer se despidió a siete enfermeras profesionales, un médico general y dos trabajadoras sociales. Además se confirmó la suspensión laboral de otros empleados durante ocho días sin goce de sueldo.
Las áreas que se quedaron acéfalas son Pediatría, Cirugía, Medicina Interna y Ginecoobstetricia. El centro médico funciona sin mandos intermedios y eso implica desorden al atender a los pacientes.
Lo que desató el proceso de investigación fue la muerte de Luis Alonzo Caballero (44), quien murió por una infección, pero causó indignación en la población porque tenía gusanos en el cuerpo mientras estaba interno en el centro hospitalario.
Desde el comienzo se manejó como hipótesis principal la negligencia médica y comenzaron las averiguaciones para establecer si había responsabilidad o no del personal que laboraba el día del deceso de Luis Caballero.
Los implicados fueron citados a declarar en las audiencias de descargo, un proceso que llevó varias semanas. El dictamen final falló contra los empleados, quienes fueron notificados por escrito.
Reacciones
Las reacciones de los afectados y sus compañeros no se hicieron esperar. Desde ayer, los médicos y enfermeras hicieron un plantón exigiendo a las autoridades de Salud la restitución de los despedidos y la suspensión de las sanciones.
Los empleados alegan que las medidas han sido injustas, ya que agotaron las instancias para atender al paciente a pesar de no contar con lo necesario para hacerlo.
Además solicitan que las investigaciones sean imparciales y se profundice más en las causas del lamentable hecho porque eso solo refleja las carencias en el hospital Mario Rivas.
“Si hay alguna responsable, es la ministra de Salud (Yolani Batres) y no solo de la situación del Rivas, sino de la problemática de todo el sistema nacional de salud porque no se ha dotado de medicamentos”, dijo Jorge Ortega, jefe de Cirugía, uno de los doctores que han renunciado.
El personal del Mario Rivas se mantuvo en asambleas informativas hasta las 9:00 am para determinar las acciones que tomarán en solidaridad con sus homólogos y compañeras despedidas. Los trabajadores de la salud aseguran que las resoluciones responden a la presión mediática a que han sido sometidos y a una estrategia de país que prepara despidos masivos.
“Ahora se dice que no se va a dar la cesantía a los compañeros despedidos. Es un derecho que se les quiere quitar”, indicó Samuel Santos, neonatólogo.
Los gremios afectados emprenderán medidas legales contra la Secretaría de Salud por medio de los entes colegiados sin usar el recurso de la apelación que por ley les corresponde por presumir que no tienen fundamento.
Merlin Fernández, presidente de la comisión interventora, aclaró que el proceso de investigación y resolución fue realizado por el departamento legal. Sin embargo, no se desligan por completo de la problemática y han comunicado a la ministra la postura de los jefes de departamentos y áreas de servicio.
Fernández reconoce que al hacerse efectivas las renuncias, la situación en el Rivas empeoraría. No obstante, ya hicieron algunas recomendaciones a las autoridades de Salud.
Los jefes de departamentos médicos y servicios del hospital Mario Catarino Rivas renunciaron a sus cargos administrativos porque estaban en desacuerdo con las resoluciones derivadas de las investigaciones en un caso de negligencia médica.
Ayer se despidió a siete enfermeras profesionales, un médico general y dos trabajadoras sociales. Además se confirmó la suspensión laboral de otros empleados durante ocho días sin goce de sueldo.
Las áreas que se quedaron acéfalas son Pediatría, Cirugía, Medicina Interna y Ginecoobstetricia. El centro médico funciona sin mandos intermedios y eso implica desorden al atender a los pacientes.
Lo que desató el proceso de investigación fue la muerte de Luis Alonzo Caballero (44), quien murió por una infección, pero causó indignación en la población porque tenía gusanos en el cuerpo mientras estaba interno en el centro hospitalario.
Desde el comienzo se manejó como hipótesis principal la negligencia médica y comenzaron las averiguaciones para establecer si había responsabilidad o no del personal que laboraba el día del deceso de Luis Caballero.
Los implicados fueron citados a declarar en las audiencias de descargo, un proceso que llevó varias semanas. El dictamen final falló contra los empleados, quienes fueron notificados por escrito.
Reacciones
Las reacciones de los afectados y sus compañeros no se hicieron esperar. Desde ayer, los médicos y enfermeras hicieron un plantón exigiendo a las autoridades de Salud la restitución de los despedidos y la suspensión de las sanciones.
Los empleados alegan que las medidas han sido injustas, ya que agotaron las instancias para atender al paciente a pesar de no contar con lo necesario para hacerlo.
Además solicitan que las investigaciones sean imparciales y se profundice más en las causas del lamentable hecho porque eso solo refleja las carencias en el hospital Mario Rivas.
“Si hay alguna responsable, es la ministra de Salud (Yolani Batres) y no solo de la situación del Rivas, sino de la problemática de todo el sistema nacional de salud porque no se ha dotado de medicamentos”, dijo Jorge Ortega, jefe de Cirugía, uno de los doctores que han renunciado.
El personal del Mario Rivas se mantuvo en asambleas informativas hasta las 9:00 am para determinar las acciones que tomarán en solidaridad con sus homólogos y compañeras despedidas. Los trabajadores de la salud aseguran que las resoluciones responden a la presión mediática a que han sido sometidos y a una estrategia de país que prepara despidos masivos.
“Ahora se dice que no se va a dar la cesantía a los compañeros despedidos. Es un derecho que se les quiere quitar”, indicó Samuel Santos, neonatólogo.
Los gremios afectados emprenderán medidas legales contra la Secretaría de Salud por medio de los entes colegiados sin usar el recurso de la apelación que por ley les corresponde por presumir que no tienen fundamento.
Merlin Fernández, presidente de la comisión interventora, aclaró que el proceso de investigación y resolución fue realizado por el departamento legal. Sin embargo, no se desligan por completo de la problemática y han comunicado a la ministra la postura de los jefes de departamentos y áreas de servicio.
Fernández reconoce que al hacerse efectivas las renuncias, la situación en el Rivas empeoraría. No obstante, ya hicieron algunas recomendaciones a las autoridades de Salud.
