Tegucigalpa, Honduras.
La propuesta de ley a la que tuvo acceso exclusivo diario
LA PRENSA establece que durante el proceso de reorganización los empleados y funcionarios podrán solicitar el retiro voluntario con el derecho de recibir el reconocimiento de sus prestaciones indemnizatorias para lo cual se podrán acordar convenios de pago.
La propuesta de ley tiene como finalidad facilitar las modificaciones presupuestarias para financiar la transformación de las secretarías de Salud y Educación.
Se ordena a las alcaldías a priorizar las transferencias del Estado en el mejoramiento de la salud y educación para lo cual se hará un monitoreo del uso de eso fondos.
Se faculta para realizar los despidos individuales y colectivos en caso de que se detecten o produzcan actos o hechos que constituyan justa causa de despido.
A los empleados sancionados con el despido se les seguirá el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil, asegurando el derecho a la defensa e inocencia.
Se faculta a la comisión y al secretario de Salud a elaborar el nuevo reglamento de concurso médico y demás normas para la contratación del personal de Salud.
La ley faculta a las comisiones de salud y educación a realizar en ambas secretarías una auditoría integral administrativa y organizacional.
Actualmente ese ministerio cuenta con una planilla de alrededor de 13,036 empleados administrativos a nivel central y departamental y 59,803 docentes, que atienden a una población de más de 2.2 millones de estudiantes de prebásica, básica y secundaria.
El Congreso Nacional se apresta a discutir y aprobar esta semana una iniciativa de ley que otorga amplias facultades a las comisiones especiales de Salud y Educación para cancelar los contratos de prestación de servicios de personal en el marco de la reestructuración organizacional y administrativa a la que serán sometidas ambas secretarías de Estado.
Asimismo se faculta a los miembros de ambas comisiones a solicitar las partidas presupuestarias a fin de dar cumplimiento al pago de los derechos y prestaciones laborales de los empleados que sean cesanteados como parte del proceso de transformación de los sistemas de salud y educación.
La iniciativa de ley fue turnada recientemente por la Secretaría del Despacho de la Presidencia y se tiene previsto discutirla y aprobarla en el curso de la presente semana, confirmó un miembro de la junta directiva del Poder Legislativo.
| Docentes. Se faculta a la Comisión Especial a elaborar los nuevos protocolos para escoger al personal técnico, docente y gerencial de la Secretaría de Educación.
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Corrupción. En caso que durante el proceso de reestructuración se detecten hechos o conductas con indicios de la perpetración de un acto irregular que implique una responsabilidad civil o penal se remitirá al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) los informes correspondientes para que se deduzcan las responsabilidades que corresponden a los implicados.
El 20 de febrero pasado, diario LA PRENSA adelantó que como parte de la reforma del sistema educativo nacional, la comisión especial nombrada al efecto emprenderá una profunda reestructuración de la Secretaría de Educación que comprende evaluar y depurar el personal administrativo que labora en esa dependencia.
Claves para no olvidar
1
presupuesto
2
municipalidades
3
Protestas
4
Procedimiento
5
Concursos
6
Auditorías
Pero la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo va más allá y está proponiendo que este mismo proceso se extienda al colapsado sistema sanitario nacional. En ese sentido, las acciones que realicen los secretarios del ramo y los miembros de las comisiones especiales no implicarán “en ningún caso, ni tiempo, responsabilidad patrimonial, civil, administrativa para los mismos”, con lo cual se les blinda de acciones legales futuras por motivos de las decisiones adoptadas.
Cambios profundos. Alberto Solórzano, miembro de la Comisión Especial de Educación, confirmó que con este se busca que el proceso de transformación no sea cosmético sino profundo. “Los problemas en estas dependencias del Estado están enquistados y son sistémicos y a menos que la Comisión esté facultada para hacer su labor se podrán ver cambios significativos”, apuntó.
Ratificó que cualquier hecho ilícito que se encuentre durante el proceso de transformación será trasladado al MP para la deducción de responsabilidades.
