Así se movieron millones en una trama de embargos y documentos falsos
Trece exhortos atribuidos al Juzgado de Letras de Choluteca sirvieron para embargar fondos públicos en el Banco Central de Honduras. El propio juzgado certificó que no reconoce ni las firmas, ni los sellos, ni los expedientes.
- Actualizado: 22 de agosto de 2026 a las 08:17 /
Un esquema basado en documentos judiciales falsificados permitió ejecutar embargos por L32.5 millones contra fondos públicos. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) identificó irregularidades en 13 exhortos atribuidos al Juzgado de Letras de Choluteca.
Un exhorto es una comunicación que permite a un juez solicitar a otro órgano judicial que realice una diligencia fuera de su jurisdicción. Los documentos investigados fueron utilizados para gestionar supuestas demandas laborales contra la Alcaldía de Choluteca.
Los exhortos llegaron al Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, donde se tramitaron los embargos. La revisión posterior estableció inconsistencias entre la documentación presentada y los registros judiciales de Choluteca.
El mecanismo se repitió trece veces con el mismo patrón, sin que ninguna alerta lo detuviera a tiempo.
Seis números de expedientes pertenecían realmente a procesos contra empresas privadas, según el TSC. Otros seis no aparecían registrados en el juzgado al que se atribuían los documentos.
La investigación también encontró un expediente que sí era auténtico, pero contenía información modificada. Entre los datos alterados figuraban los demandantes, el abogado y la cantidad reclamada.
El TSC los agrupó en tres tipos de irregularidad. Toca cada fila o cada categoría para ver el detalle.
| Categoría | Expedientes | Monto embargado |
|---|---|---|
| Demandas privadas alteradas | 6 | No desglosado |
| Expediente real, cifra alterada | 1 | L2,823,606 |
| Expedientes inexistentes | 6 | L16,713,674 |
alteradas
El dinero utilizado para cumplir los embargos salió de la Cuenta Única del Estado en el Banco Central de Honduras (BCH). Los recursos pasaron a una cuenta judicial antes de la emisión de los cheques de caja relacionados con los 13 casos.
Tres cuentas, un solo destino final para los cheques de caja.
El TSC señaló además fallas en la verificación de los documentos antes de ejecutar los embargos. El expediente fue remitido al fiscal general para que el Ministerio Público determine las acciones correspondientes.
El Tribunal Superior de Cuentas remitió el expediente al fiscal general del Estado. El informe identifica la participación de particulares, profesionales del derecho y servidores judiciales en distintas etapas del trámite, y pide valorar tanto la actuación del abogado receptor de los fondos como la de los servidores judiciales involucrados.
El TSC concluye que existen indicios de responsabilidad penal.
