Coalianza,malas prácticas y escasa claridad

SAN PEDRO SULA.

Entre malas prácticas administrativas y con una débil transparencia en la adjudicación de proyectos, Coalianza gastó más de L1,000 millones en ocho años cuando realizó las grandes concesiones del país con inversiones valuadas en más de $7,650 millones.

Presentada en el evento Honduras is open for business (mayo de 2011) como la institución que modernizaría toda la infraestructura del país, Coalianza (Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada) desaparecerá en los próximos meses dejando un rastro de sospechas de corrupción que implican varios millones de dólares.

86 Puntaje por madurez Honduras es uno de los cuatro países de América Latina (con Jamaica, Chile, Colombia) que ahora tienen más experiencias en APP. En el informe Infrascopio 2019 figura en la posición 4 con 86 puntos en la categoría de madurez.

Creada el 16 de septiembre de 2010 (día que entró en vigencia la Ley de Promoción de la Alianza Público Privada), Coalianza comenzó a armar las carteras de proyectos en 2011 (con un gasto anual de L.15,552,732.47) y en los primeros dos años adjudicó los más importantes: corredor logístico, corredor turístico, terminal de contenedores en Puerto Cortés, posteriormente otros proyectos como el aeropuerto de Palmerola (2015), que ha suscitado críticas en los últimos días porque al concesionario le entregaron Toncontín sin convocar a licitación.

Esta institución, entre 2011 y 2019, contabilizó egresos por concepto de gastos operacionales de más de L1,178 millones (de acuerdo con sus estados financieros), absorbidos por servicios profesionales (54%, aproximadamente), salarios (29%), viáticos (3%) y otros servicios (14%).

Auditoría y contrataciones

Cifras contables correspondientes a los años 2011 y 2012 demuestran que Coalianza gastó L24,174,887 en la contratación de servicios profesionales de consultores independientes y empresas especializadas sin realizar un proceso de selección.

Una auditoría financiera realizada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en esos dos años y entregada en 2015 a Miguel Ángel Gámez, excomisionado de la institución, demuestra que la administración contrató a unos 45 consultores sin “la realización de un proceso que garantizara la elección de las mejores ofertas para la economía del Estado”.

En octubre de 2011 contrató sin proceso de selección a una consultora para elaborar el reglamento de la Ley de Promoción de la Alianza Público Privada. Le pagó L428,571.42.

Transparencia The Economist Intelligence Unit plantea que “la transparencia en la adjudicación y la regulación de las modificaciones en los contratos son una debilidad” en Coalianza. La asignación de riesgos no asumidos inicialmente por las partes en el momento de la adjudicación afecta su equilibrio económico. Además, señala la ausencia de un registro en la cartera de proyectos de APP en Coalianza o en Finanzas.

A otras empresas consultoras (contratadas fuera de un proceso de selección) para la evaluación de proyectos de la terminal de contenedores les pagó L5,025,292.20, por una consultoría sobre el contrato del corredor turístico, L3,425,955.40 y por la consultoría sobre del corredor logístico, L.3,672,583.90.

El TSC detectó malas prácticas en la administración de los viáticos desembolsados a altos funcionarios, también en pagos de alquileres de oficinas (sin recibos firmados) y alquileres de helicópteros (sin contratos).

Por ejemplo, el 24 de agosto de 2012, con cheque 870 por L34,807.34, pagó el alquiler de un helicóptero utilizado “para discusión sobre firma de contrato de Palmerola”.

Por este servicio no firmó contrato. El TSC encontró que más de un millón de lempiras erogados por pasajes aéreos a Boston, Miami, Washington, Perú, Brasil, México, Suiza, Colombia, Canadá, Ecuador, Argentina, no se encuentran documentados.

Segunda generación

El pasado 15 de noviembre, el Poder Ejecutivo decretó el cierre en un período de 6 meses y ayer, en conferencia de prensa, Luis Mata, ministro de Inversiones; Rocío Tábora, ministra de Finanzas; Martha Doblado, viceministra de la Presidencia, confirmaron la clausura de ese ente y anunciaron “la segunda generación de Alianzas Público Privadas (APP)”, sin embargo, no revelaron las causas de esa decisión radical.

En 2019, técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizaron una auditoría sobre el desempeño de Coalianza, pero el Gobierno aún no la ha hecho pública.

Ayer, Gámez le informó a Diario LA PRENSA que a él lo separaron del cargo la semana pasada. Ahora “Martha Doblado es la encargada. Nosotros ya no estamos, fuimos relevados, desde el viernes pasado (...).Toda la información se la llevaron ellos para una nueva oficina”, detalló Gámez.

The Economist

El informe Infrascopio 2019 Evaluando el entorno para las asociaciones público-privadas en América Latina y el Caribe, de la unidad de inteligencia de la revista británica The Economist, pone en tela de juicio a Coalianza por una serie de razones que van desde la incorrecta estructuración de los proyectos hasta la debilidad en la transparencia.

“La mayoría de los proyectos adjudicados han requerido modificaciones posteriores. Los problemas que surgen de una estructuración deficiente han aparecido en los proyectos y han llevado a riesgos que no fueron asignados o evaluados, lo que podría generar pasivos contingentes significativos para el Estado”, advierte The Economist Intelligence Unit, que creó el informe con el respaldo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

Fuga de profesionales.En los últimos años, Coalianza perdió personal que recibió capacitación inicialmente cuando el Gobierno creó esta agencia.

Uno de estos casos es el corredor turístico concesionado al Consorcio Autopistas del Atlántico por $171 millones. La empresa suspendió la construcción por incumplimiento del Estado. En 2015, Coalianza fracasó en la concesión del parque minero El Corpus ( Choluteca) y en 2019 no continuó con el proceso de convocatoria y adjudicación de los aeropuertos. La concesión del proyecto de modernización, ampliación de Puerto Castilla, Trujillo, sacó a la luz los procedimientos pocos transparentes en las concesiones.

En 2015, Juan Carlos Garrido, director de negocios para América de International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI), acusó a Coalianza de “beneficiar a una empresa en particular” con la concesión de ese puerto.

Infrascopio 2019 consigna que “las modificaciones (hechas por Coalianza) contractuales no se justificaron suficientemente y se realizaron sin evaluar su impacto fiscal”.